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Buscan fortalecer libertad de expresión

21 Octubre 2026
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La diputada Clara Paola Rosales Montiel presentó ante el Congreso de Yucatán una iniciativa de reforma legal para proteger la libertad de expresión y el derecho a la protesta, una propuesta impulsada por Amnistía Internacional y el Observatorio Peninsular por la Libertad de Expresión y la Protesta (Oplep).


La iniciativa plantea derogar y modificar diversas disposiciones del Código Penal, el Código Civil y otros ordenamientos estatales que, de acuerdo con las organizaciones promotoras, pueden utilizarse para criminalizar a periodistas, activistas y personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

La propuesta fue entregada al Congreso el 24 de octubre de 2025, cuando representantes de ambas organizaciones la presentaron a Rosales Montiel y al diputado Wilmer Monforte Marfil, ambos de Morena. Tras la presentación formal de la iniciativa, hicieron un llamado a las y los legisladores para analizar y aprobar los cambios conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Entre las disposiciones que buscan modificar se encuentran las relacionadas con difamación, calumnia e injuria, así como otras figuras penales y civiles que, según las organizaciones, pueden convertirse en instrumentos de presión judicial contra quienes denuncian presuntas afectaciones ambientales o participan en movilizaciones sociales.

Amnistía Internacional y el Oplep señalaron que estas reformas permitirían a periodistas, comunidades, colectivos y defensores de derechos humanos ejercer sus libertades de expresión y reunión sin temor a represalias legales por sus actividades.

La iniciativa también retoma una demanda del gremio periodístico y de organizaciones civiles que se mantiene pendiente desde 2022. En 2023, la entonces diputada Fabiola Loeza Novelo presentó una propuesta para eliminar los llamados delitos contra el honor, pero esta no prosperó.

Las organizaciones sostienen que la legislación estatal debe garantizar el ejercicio de la protesta pacífica y proteger a quienes defienden el territorio y el medio ambiente, en concordancia con los criterios de Naciones Unidas y el Acuerdo de Escazú.

Con la presentación de esta nueva iniciativa, la discusión queda en manos del Congreso de Yucatán, donde se busca avanzar en cambios legales para evitar que las normas vigentes se utilicen para restringir derechos fundamentales.


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Redacción

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