Han pasado seis meses del feminicidio de Emma Gabriela Molina Canto, sin que hasta el momento la familia de la víctima encuentre justicia, por lo que la madre de la mujer asesinada y activista Ligia Canto Lugo, clausuró de manera simbólica junto integrantes de colectivos, la sede del Poder Judicial del Estado, en la capital yucateca.

Abordada por los medios de comunicación, Canto Lugo se quejó por el retraso  en el juicio para castigar como feminicidas a quienes privaron de la vida a su hija Emma Gabriela, de 45 años de edad, en su domicilio ubicado en el Fraccionamiento San Luis, el pasado 27 de marzo.

“Les pido por favor a las autoridades tanto locales como las de Tabasco que lleven a ese señor (Martín Medina Sonda) donde debe estar, que protejan a mis nietos y a mi familia”, suplicó.

Aseguró que desde hace años su familia vive con miedo, “mis nietos no merecen vivir así”,  pues su hija nunca tuvo un minuto de paz, además de que la familia de Medina Sonda la perseguía, así como los empleados de Medina Sonda la seguían y los apoderados legales.

Demandó a las autoridades no dejar impune el asesinato de su descendiente, a la vez que afirmó que ella, sus nietos y el resto de su familia viven con miedo ya que su ex yerno Medina Sonda, acusado de autor intelectual, continúa persiguiéndolos.

“Nosotros no escogimos ser víctimas, esto que hacemos no es por gusto, es por desesperación. Les pido a los abogados que volteen a ver lo que están haciendo los magistrados, como la juez (Sandra) Bermejo Burgos que le quitó a mi hija sus hijos sin ningún sustento”, denunció.

Recordó el terror que vivió su hija mientras luchaba por la custodia de sus dos hijos, de cómo le hizo frente a las amenazas que recibía, a las intimidaciones hacia su persona y a su familia y que al final le costó la vida.

“Es terrorífico no solo la forma en que la asesinaron sino que se planeó desde la  manera más fría desde el reclusorio de Tabasco, hay que voltear a ver esos lugares, hay que mandar a esas gentes donde deben estar que son los penales d máxima seguridad. Mi hija fue asesinada por ese individuo, aseguro y vuelvo a decir que apoyado por su familia, por sus padres, sus abogados y todos sus empleados”, finalizó.

A las puertas de la sede del poder judicial se podían leer “Clausurado por la sociedad civil indignada. Basta de Impunidad” “La sociedad yucateca exige justicia para Emma Gabriela Molina Canto. Castigo a autores intelectuales y materiales”,  en algunas de las mantas colocadas en el lugar.

Mientras que autoridades estatales presumen en todos los medios de comunicación el apoyo a los damnificados por los terremotos del pasado 7 y 19 del presente mes, en Mérida un total de 45 familias tienen que vivir en condiciones precarias e insalubres al sur de la capital yucateca, pues el   Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) no les regulariza los predios que por necesidad tuvieron que invadir.

La mañana de este lunes, un grupo de 30 personas se manifestó frente a Palacio de Gobierno para exigir que el regularice los predios que invadieron hace tres años en la colonia San Luis Sur Dzununcán, de la capital yucateca, debido a que no cuentan con recursos para pagar una renta, por lo que exigieron al gobernador  Rolando Zapata Bello que los apoye.

Sandra Montalvo Yam, vocera de los inconformes, solicitó la inmediata solución de su petición que por más de 36 meses han solicitado al titular del IVEY, César Escobedo May, lograr un resultado positivo.

“Hemos ido a la institución del IVEY y la verdad hemos tenido tres años donde estamos asentados, porque la verdad somos personas que vivimos en invasión, porque invadimos porque no tenemos presupuestos para rentar ahí nos la hemos estado pasado durante tres años sin agua, sin luz, sin ayuda de ninguna institución”, relató.

Precisó que en total existen 45 familias que viven en condiciones infrahumanas debido a que el funcionario estatal no les quiere dar la cara, por lo que insistieron en ser atendidos por alguna autoridad que les resuelva su problemática 

Indicó que debido a la maleza de lugar en el asentamiento proliferan los mosquitos por lo que sus hijos sufren de enfermedades como el dengue y chikungunya e incluso el único pozo que les abastece de agua comienza   secarse. 

Luego de reunirse con funcionarios de la Secretaría de Gobierno, los inconformes se retiraron sin informar si llegaron a algún acuerdo con las autoridades.