Han pasado casi 24 horas de la tragedia que cobró la vida de tres personas en Progreso; el alcalde Julián Zacarías Curi aseguró que se realizan las indagatorias respectivas en torno al caso y de entrega argumentó que se trató de un accidente, sin embargo no descartó sanciones si se detectan irregularidades en la remodelación del lugar que apenas fue reinaugurado hace apenas unas semanas.

Ante la negativa de cubrirles un recurso autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación de los Adultos (Sntaea) anunciaron que continuaran con sus acciones de protesta tales como la colocación de carteles en todas las oficinas de esa dependencia con la leyenda “trabajamos bajo protesta” además de hacer un paro de brazos caídos todos los días a partir de este martes de 2 a 3 de la tarde para después salir a protestar frente a las oficinas del Iaey.

El activista Alex Orué junto con el abogado Carlos Escoffié Duarte presentaron una solicitud dirigida a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación que encabeza Karla Franco Blanco para que la discusión de la iniciativa de ley para el matrimonio igualitario se realice bajo el esquema de parlamento abierto.

Luego de que cuatro yucatecos lograron un amparo colectivo para el consumo lúdico de la mariguana, Víctor Roa Muñoz, director del Centro de Integración Juvenil de Mérida (CIJM) aseguró que en un plazo no mayor de dos años el consumo de ese enervante será legal en el país por lo que urgió a las autoridades estatales a generar esquemas de prevención para combatir el inminente crecimiento de adictos al enervante.

Tras presentar su informe semestral del observatorio de los compromisos que los hoy gobernantes signaron con esa asociación cuando eran candidatos a diferentes cargos de elección popular, integrantes del colectivo ¡Ya Basta! exigieron que se aclaren los señalamientos que pesan sobre el hoy gobernador Mauricio Vila Dosal de contratar  empresas fantasma durante su gestión como alcalde de Mérida durante el 2017 y 2018.

Diferentes conflictos por la tenencia de la tierra y la organización de esos núcleos agrarios han generado que existan tan solo en Yucatán 11 ejidos considerados como focos rojos por parte de organizaciones civiles como la Central Campesina Cardenista, (CCC), los cuales no han sido atendidos durante años por complicidad de autoridades de los tres órdenes de gobierno con grupos empresariales, que hacen de todo por despojar a los dueños originales de la tierra de su patrimonio, reveló la activista Margarita Plácido Cervera.

Tras considerar que el tema de la aspiración a la dirigencia estatal del Partido del Revolucionario Institucional (PRI) de su hermano Víctor es un asunto que él debe responder, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera Hernández, consideró que el proceso de elección del nuevo jerarca del tricolor debe ser mediante una consulta directa a las bases de esa fuerza política.

El manejo del programa de estancias infantiles que la Federación ha realizado en los últimos días “encendió” el debate en el Congreso local, pues la presentación de dos puntos de acuerdo donde se exhortaba a los poderes Ejecutivo y Legislativo federales a canalizarles recursos, ocasionó que el coordinador de Morena, Miguel Candila Noh, subiera a tribuna para recordar a las proponentes que la corrupción en ese tipo de lugares ocasionó la tragedia de la Guardería ABC.

Los diputados de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y de la Revolución Democrática (PRD), Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro y Alejandro Cuevas Mena, respectivamente, expresaron su beneplácito por la definición del proyecto del tren maya, que según ha trascendido en medios de comunicación será de inversión mixta, además de que se consultará a las comunidades indígenas por donde pasará el ferrocarril.

A pesar del revés que la Suprema Corte de Justicia del Estado (SCJN) dio al matrimonio igualitario la negativa de un amparo promovido por activistas en contra al resolutivo del Tribunal Constitucional del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que se declaró incompetente en 2015 para decretar omisión legislativa contra el Congreso local, ese poder del estado legislará en la materia, coincidieron en señalar diputados de las diferentes fuerzas políticas.