Integrantes de organizaciones sociales se manifestaron frente a las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), para denunciar que el titular de ese organismo, José Enrique Goff Ailloud, no defiende los derechos de los menores, víctimas de maltrato en escuelas de la entidad.

Activistas pertenecientes a “La Voz de Mujer sin Voz”, Asociación Estatal de Padres de Familia (Aepaf) de Yucatán Ni una Más A.C. y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), clausuraron de manera simbólica las oficinas de la Codhey por la ineficacia e inoperancia de esa institución.

Paula Lira Moguel, presidenta de la Aepaf, aseguró que  debido a omisiones dolosas por parte del ombudsman yucateco, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) provoca incluso enfrentamientos entre los mismos padres de familia.

“La Secretaría de Seguridad Pública acude a las escuelas a tratar de detener a los padres de familia que han interpuesto quejas, entonces ya esto sobrepasó los límites para que los padres puedan ver qué les sucede a quienes tienen la osadía de denunciar qué sucede en las escuelas”, relató.

Aseguró que existe un contubernio entre las mismas instituciones para “someter” a los padres de familia, con el objetivo de lograr captar miles de pesos que los tutores tienen que aportar a los centros escolares como parte de la reforma educativa.

En el lugar se encontraba la abogada litigante, Mirna Cortés Ortiz quien ha llevado el caso de un menor que fue objeto de maltrato en la Escuela Primaria Álvaro Obregón, de Xcanatún del cual se derivó una recomendación por parte de la Codhey que a decir de la litigante fue cumplida a medias.

Reveló que el pasado martes cuando se reintentaba reincorporar al menor a la escuela, luego de un largo camino legal, donde incluso se tuvo que recurrir al amparo, fue objeto de agresiones por parte de padres de familia del lugar provocadas por docentes de la escuela quienes con información dolosa arengaron un hecho que terminó en violencia.

“Lo que ellos hicieron fue una venganza porque su mamá interpuso una queja ante la Codhey y ésta tardó casi tres años para emitir una recomendación, la hizo tibia y al día de hoy pretende darle cumplida la recomendación a la Segey”, explicó.

Por su parte, la activista Adelaida Salas Salazar aseguró que es evidente  un contubernio entre el gobierno estatal y el ombudsman, toda vez que los resolutivos del organismo son aletargados de manera intencional para  favorecer a las autoridades.

“No es posible que tres casos que tienen de niñas donde claramente les ha violado sus derechos humanos ya los den por cerrados, de otros casos que tenemos de mujeres son igual”, finalizó.

Hasta la tribuna más alta del estado llegó el feminicidio de Feliciana H. ocurrido en la comisaría meridana de Komchén el pasado domingo, el cual fue condenado por los diputados los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), Elizabeth Gamboa Solís y Elías Lixa Abimerhi, respectivamente quienes coincidieron en urgir al gobierno del estado para que cumpla las recomendaciones realizadas por la Federación tras la solicitud de Alerta de Género por parte de organizaciones civiles.

Durante la sesión, los legisladores locales también avalaron reformas legales que reglamentan a las compañías de seguridad privada, mediante las cuales modernizar el marco normativo de quienes prestan este servicio y con ello se garantice una coordinación estrecha con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Al tomar la palabra en Asuntos Generales, la priista Gamboa Solís aseguró que el tema de los feminicidios no debe ser “secuestrado” por ningún grupo o partido político, toda vez que es una situación de la incumbencia de todos los yucatecos.

Gamboa Solís se pronunció sobre el asesinato de la mujer en Komchén, para exigir que se investigue el caso aplicando los protocolos de feminicidio porque no se debe permitir que ante eventos de esta naturaleza se considere como un crimen pasional.

“Tenemos conocimiento que la Secretaría de Gobierno aceptó las observaciones en la materia y ha presentado un cronograma de trabajo en un plazo de seis meses para erradicar las condiciones que permitan estos lamentables hechos, seamos claros al respecto, este tema nos compete a todos, sociedad y gobierno, es un asunto que nos duele y afecta a todos”, determinó.

También en tribuna, Lixa Abimerhi se sumó a las consideraciones de la legisladora priista que representa el sentir del Congreso del Estado ante un hecho lastimoso que requiere de acciones inmediatas pero aludió que el Poder Legislativo también está involucrado en dichas recomendaciones sobre el feminicidio y su fracción parlamentaria se manifestó lista para realizar las adecuaciones pertinentes.

Sobre el tema de seguridad privada, Verónica Camino Farjat, del PRI, recordó que muchas veces los guardias de estas empresas son los primeros que tienen contacto, conocimiento y la encomienda de brindar auxilio en caso de emergencias, delitos o crímenes en lugares como plazas comerciales, supermercados, cines, entre otros; por lo que la importancia de este dictamen están plasmadas en las actualizaciones a la ley para que se preste de mejor manera este servicio, a través de la coordinación entre autoridades estatales y estas empresas.

“Estableciendo mejores mecanismos para garantizar que quienes realizan esta labor tengan un grado de confiabilidad, así como la capacitación necesaria para responder, misma que será supervisada por la SSP, además de precisar que deberán contar como mínimo con educación básica con la obligación de estudiar para finalizar su educación media superior o equivalente”, detalló.

En el mismo sentido, Moisés Rodríguez Briceño, del PAN, indicó que las reformas tienen el objetivo de garantizar la seguridad de los yucatecos, por lo que es de vital importancia regular las actividades de estas empresas para salvaguardar la integridad, además de que en la ley se encuentran establecidas las sanciones que van desde la amonestación pública, la suspensión de registro o clausura de las empresas.

“Esto no los exime que en algún momento puedan abusar de su cargo ya sea por acción, omisión o negligencia, será la SSP la encargada de aplicar dichas sanciones, que se les deberá dar la difusión pertinente en el Diario Oficial del Estado, en dos de los periódicos de mayor circulación estatal, así como en la página de internet de la SSP, identificando al infractor, el tipo de infracción y el número de registro de la empresa", explicó.

El Pleno del Congreso también aprobó el dictamen que valida a los candidatos que buscan ocupar los cargos de titular de la Unidad de Control Interno de dos organismos: para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) son Ramón Palmero Brito, Saydi Llanes Méndez, Fernando Torres Ortegón y Carlos Heredia Ancona; además que para el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip) son Raúl Vallado Fernández, Frida Martín Quiñones, Arianne Garrido Aguilar y Luis Magaña Moguel.

Fue una semana redonda para los Venados de Yucatán. No sólo le pegaron al líder de la competencia, los Bravos de Ciudad Juárez, sino que lo hicieron con autoridad al clavarle un 3-1 y además la liga eligió a tres jugadores astados en el 11 ideal de la fecha 9 y el técnico destacado fue Bruno Marioni

Con el objetivo de fomentar la participación de la juventud mediante el desarrollo de actividades artísticas y culturales, el Ayuntamiento de Mérida en conjunto con los Centros de Integración Juvenil Yucatán, el patronato “Por un Yucatán sin Adicciones” y la Red Pro Yucatán convoca a la muestra de grafiti “Jóvenes y Familias”.