Han pasado casi siete meses de que los sicarios Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla le arrancaran la vida a su hija Emma Gabriela Molina Canto, sin embargo, su sed de justicia no ha aminorado desde aquel 27 marzo del presente año, cuando de varios tajos fue asesinada la también activista.

Abordada minutos antes de ingresar a una reunión con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ariel Aldecua Kuk, la señora Ligia Canto Lugo dio a conocer los motivos por los cuales decidió desistir de pactar con los asesinos.

“Primero que nada para nosotros lo más relevante, lo más importante, es que precisamente estas personas privaron de la vida a mi hija en la forma que lo hicieron y más que nada que esto no solamente está sobre ellos, sino sobre la persona que lo disfrutó y lo planeó, entonces, si las condiciones no se dan, no hay abreviado”, precisó.

En una charla con dos reporteros que han seguido el caso desde el mismo día que los dos sicarios originarios de Tabasco asesinaron a su hija, Canto Lugo deja en claro su principal objetivo.

“Para mí lo más importante es que reciban castigo, porque si bien es cierto, se habla de la reparación ¿qué reparación puede haber para una vida?  Nada va hacer que mis nietos vuelvan a ver a su  madre, ni que yo vuelta a tener a mi hija”, dijo.

--¿Qué condiciones exige?

Estamos buscando más que nada llegar a la verdad, eso queremos, la verdad  de todo, de cómo estuvo, de cómo se planeó, de cómo se llegó a lo que se llegó.

--¿Quiere que se presenten pruebas suficientes para incriminar al que es señalado autor intelectual?

--Exactamente y a todos los que van en este escalón de delincuentes.

--¿Doña Ligia, si se generan esas condiciones, habría la posibilidad de juicio abreviado?

--Habría la posibilidad, pero no sé si en las mismas condiciones.

--Algunos grupos de defensores de los derechos humanos han sentido algún tipo de desconcierto por cómo se ha manejado la negociación, ¿qué les diría usted?

--Desgraciadamente hay que reconocer, todas las personas y todos los ciudadanos lo sabemos, este sistema de justicia oral nos crea cierta dificultad para llegar al verdadero castigo, qué quisiera yo como madre para estos señores, quisiera yo la ruta de sufrimiento, mi hija merecía un final feliz, no esto.

--¿Cómo está doña Ligia en lo personal, en lo familiar?

--Muy triste, pero las cosas hay que tomarlas y sacar lo mejor para poder obtener lo que pedimos…justicia.

--¿Exige una pena mayor?

--Es lo que buscamos, nosotros vamos a ser claros, estos señores fueron pagados, sí hay otros pero ¿quién lo disfruto? ¿quién lo planeo? ¿quién lo vio la logística?  Para que se llevara a cabo esto, ahí está el principal personaje, el interesado al que le estorbaba, el que quería seguir siendo su dueño, el que decía “o aquí o nada”, ¿quién? Eso es claro, entonces hay que pensar precisamente en eso.

En esa manifestación que hicieron inclusive ante un Ministerio Público y que sacó un medio periodístico, ahí estaba lo que lo estaba planeando esta familia, ahí lo plasmaron ellos en un documento, más claro no puede estar su participación.

--Por parte de la Comisión Estatal de Victimas ¿hay algún tipo de atención, se han acercado con usted? porque tenía entendido que había ciertos retrasos?

--Nosotros hemos estado pidiendo que esta representación jurídica sea efectiva que esté presente y permanente y por más que lo hemos pedido ha quedado en eso en petición, desgraciadamente no sé si por ser un organismo burocrático, no lo sé, pero las cosas se dan y se observan.

Desgraciadamente digo, a las víctimas quién nos defiende entonces, estamos como quien dice, somos el jamón del sándwich, por un lado quien nos debe apoyar y defender está oculta o buscando la forma de hacerlo menos, y por otro lado hay que pelear con los delincuentes.

La entrevista finalizó y doña Ligia va a un encuentro más con el titular de la FGE. Mañana se escribirá un capítulo más en torno al caso, en una audiencia que se celebrará en el Centro de Justicia Oral de Mérida.

Luego de que se viniera abajo el acuerdo para que los asesinos materiales de la activista Emma Gabriela Molina Canto fueran sometidos a un juicio abreviado, la madre de la víctima Ligia Canto Lugo, aclaró que los sicarios Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, no generaron las condiciones para que el pacto se cumpliera.
Según consta en la carpeta de investigación, la mujer fue presuntamente víctima de un complot orquestado por su ex pareja Martín Medina Sonda, quien se encuentra preso en un penal de Tabasco, al ser hallado culpable de un millonario desfalco a las arcas públicas de esa entidad.
De acuerdo con lo descrito por los fiscales, Medina Sonda trianguló el asesinato de la madre de sus hijos mediante su chofer, César Rogelio Reyes Barrueta, quien a su vez contactó a un sujeto apodado “El Cachorro”, para que contratara a los dos sicarios que mataron finalmente a la activista.
Abordada antes de ingresar a una reunión con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ariel Aldecua Kuk, Canto Lugo dio a conocer los motivos por los cuales decidió desistir de pactar con los asesinos.
“Primero que nada, para nosotros lo más relevante, lo más importante, es que precisamente estas personas privaron de la vida a mi hija en la forma que lo hicieron y más que nada que esto no solamente está sobre ellos, sino sobre la persona que lo disfrutó y lo planeó, entonces, si las condiciones no se dan, no hay abreviado”, precisó. 
Asimismo, se dijo decepcionada por el trato que ha recibido por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
“Desgraciadamente yo digo, a las víctimas quién nos defiende entonces, somos como quien dice, el jamón del sandwich, por un lado quien nos debe apoyar y defender está oculta o buscando la forma de hacerlo menos, y por otro lado hay que pelear con los delincuentes”, finalizó.

La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Celia María Rivas Rodríguez, señaló que hasta pasadas las 14 horas de este lunes, el gobernador Rolando Zapata Bello, no ha enviado la terna donde los legisladores locales elegirán al vicefiscal anticorrupción, por lo ese funcionario no será designado en el plazo de contempla la ley.

Este martes, los legisladores del Congreso  local designaron a los siete ciudadanos que integrarán el comité de selección que determinará quiénes conformarán el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Rivas Rodríguez destacó que por parte de las propuestas de las instituciones de educación superior e investigación fueron electos: José Silveira Bolio, de la Universidad Anáhuac Mayab (23 votos); Rodolfo Martínez Septién, de la Universidad Marista de Mérida (24 votos); Carlos Estrada Pinto, de la Universidad Autónoma de Yucatán (24 votos) y Mirna Manzanilla Romero, del Instituto Tecnológico de Mérida (23 votos).

En el caso de las propuestas por parte de organizaciones civiles fueron designados: Oscar Peniche y Coldwell, por parte de la Cámara de Comercio de Mérida (Canaco) con 25 votos; Álvaro Garza R. de la Gala, de la Coparmex Mérida, con 24 votos y Habib Becil Dajer, de la Asociación de Egresados de la Facultad de Contaduría y Administración de la UADY, así como del Colegio de Contadores Públicos del Mayab, con 24 votos, quienes estarán en el cargo por un lapso de tres años.

Hubo consenso por parte de los partidos políticos y tras ello, la ciudadanía tendrá no solamente la posibilidad de acompañar al Sistema, de alimentarlo con sus denuncias y sugerencias, sino incluso de integrarlo a partir de este momento con la Comisión de Selección”,  indicó.

Cabe señalar que estos siete ciudadanos del comité de selección tendrán como plazo máximo 30 días para elegir a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Abordada al concluir la sesión, Rivas Rodríguez consideró que los tiempos no pueden ser una “camisa de fuerza” para el Poder Legislativo y que las distintas fracciones políticas junto con la sociedad están “haciendo esfuerzos importantes” para lograr consensos que permitan elegir al mejor Perfil  para el vicescal.

Reconoció que la propuesta del Ejecutivo no ha llegado al Legislativo local, y tiene hasta este lunes para presentarlo, “por lo que hacemos votos para que sea lo más pronto posible”.

Finalmente, explicó que el Sistema Estatal Anticorrupción “no se puede echar andar” hasta que el comité de selección elija a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana y el vicefiscal sea electo por el Congreso local.

Los sicarios Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla lograron un acuerdo con la familia de su víctima Emma Gabriela Molina Canto, para que a cambio de testificar en contra de Martín Medina Sonda, se les dé una pena de 18 años  por haber asesinado con arma blanca a la activista.

Desde la semana pasada, ROMPECABEZA informó el acuerdo que se fraguaba entre ambas partes para que mediante un proceso abreviado se sentenciara a los dos sujetos que mataron a Emma Gabriela, el pasado 27 marzo, en su casa ubicada en el fraccionamiento San Luis, de la capital yucateca.

Como hemos informado, la mujer fue presuntamente víctima de un complot orquestado por su ex pareja Martín Medina  quien se encuentra preso en un penal de Tabasco, al ser hallado culpable  de un millonario desfalco a las arcas públicas de esa entidad.

Según lo descrito por los fiscales, Medina Sonda trianguló el asesinato de la madre de sus hijos mediante su chofer César Rogelio Reyes Barrueta, quien a su vez contactó a un sujeto apodado “El Cachorro”, para que contratara a los dos sicarios que mataron finalmente a la activista.

Ambos jóvenes fueron imputados y vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado, contra la salud en su modalidad de posesión simple del narcótico cocaína en su presentación de crack y a uno de ellos posesión de armas e instrumentos prohibidos.

 En audiencia privada que se realizó esta tarde, en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), fue solicitada por los defensores de los imputados, con la finalidad de que rindan su declaración ante el juez de Control.

En la Sala 8 del CJOM, el juez de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Luis Edwin Mugarte Guerrero escuchó a los imputados, en dicha audiencia solicitaron que sus declaraciones sean parcialmente privadas y el juez después de escuchar a la Fiscalía y los asesores de la víctima accedió.

Posteriormente, los asesores de la víctima y la víctima indirecta solicitaron al juez que los imputados sean sometidos a un procedimiento abreviado y solicitaron que la pena de prisión sea de 18 años. En su oportunidad, la defensa y la Fiscalía, manifestaron su anuencia de arribar esa forma anticipada de terminación del proceso.

Por último, el juez Mugarte Guerrero, le explicó a la víctima indirecta de los alcances del procedimiento que sus asesores solicitaron, de las sanciones mínimas y máximas que podrían imponerles a los imputados en caso de llegar a juicio y de la sanción pactada por sus asesores, los fiscales y la defensa, por lo que ella  manifestó estar de acuerdo con el procedimiento y con la sanción pactada.

Con base en la anuencia de la víctima indirecta, fiscales y defensa, el juez accedió a la solicitud de los asesores de la víctima y fijó la audiencia de solicitud de procedimiento abreviado para el próximo martes 17 de octubre a las 12:30 horas, en la Sala 8 de oralidad del mismo recinto judicial.

Tras presumir que con el ajuste a la tarifa eléctrica en miles de hogares meridanos tendrán un ahorro que sumará más de 100 millones de pesos, producto de un punto de acuerdo en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, el senador Daniel Ávila Ruiz, aseguró que dicha medida permeará en otros municipios del estado si se realizan los estudios necesarios para tal efecto.

Con un documento en mano, el legislador federal del Partido Acción Nacional (PAN), aclaró que la medida aplicada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue producto únicamente de la gestión realizada por su persona, pues aseguró que el punto de acuerdo del Congreso de Yucatán, no prosperó porque se solicitó que la medida fuera para todo el territorio yucateco, el cual cuenta con 80 polígonos con diferentes tarifas.

Recordó que la entidad se encuentra ubicada en una de las regiones del país que presenta las temperaturas más altas durante el año, con variaciones en distintas zonas de su territorio, con base a mediciones realizadas por la Base Aérea Militar Número 8 en Mérida.

“Mérida es una de las zonas que durante los últimos cinco años se ha registrado la temperatura más alta en el verano, arriba de los 31 grados”, detalló el senador.

Indicó que tras realizar los estudios técnicos se presentó el punto de acuerdo en el Senado, el cual solicita a la CFE que disminuya sus tarifas eléctricas, toda vez que debido a las altas temperaturas, los meridanos tienen que invertir para mitigar los efectos del intenso calor.

Señaló que con la nueva tarifa, los hogares en la zona urbana de la capital yucateca tendrán un ahorro del 34 por ciento en sus recibos de pago, mientras que en las comisarías, la disminución será hasta un 57 por ciento.

Afirmó que los meridanos sentirán en sus bolsillos la disminución en la tarifa a partir del verano próximo.

En otros temas, Ávila Ruiz se pronunció a favor de que su partido y los que conformarían el Frente Amplio, realicen una consulta abierta a la ciudadanía para elegir al candidato a gobernador de Yucatán para las elecciones de 2018.

Abordado por los medios de comunicación, dijo que lo ideal sería que haya una “combinación” entre este método y la designación directa por parte de la dirigencia blanquiazul, tomando en cuenta la preferencia de la ciudadanía.

“Que se haga una consulta a todos los yucatecos, y con base al resultado de ésta que haya una designación con la conformidad de todos los que aspiran a diversos puestos”, concluyó.

En visita dominical a Kanasín, que comenzó con un recorrido por el mercado, el diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín, advirtió que es urgente atender las necesidades del municipio y anunció la gestión de una inversión de 10 millones de pesos para reparar las calles a fin de atender la principal demanda de los vecinos.

La aprobación del presupuesto del Congreso del Estado por parte de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, desató una discusión entre la presidenta de ese organismo, Celia María Rivas Rodríguez y la diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jazmín Villanueva Moo, quien reclamó a la Secretaría General, la opacidad con la que el tema se maneja todos los años.

Desde la máxima tribuna del estado, Villanueva Moo denunció que hizo llegar un oficio a la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, mediante el cual se solicita el proyecto de presupuesto del Congreso para el ejercicio fiscal 2018, con la finalidad de analizarlo y en su caso como en años anteriores, presentar propuestas formales que pudieran beneficiar el gasto del Poder Legislativo.

“Hasta ahora no he obtenido respuesta y mucho menos me fue entregado el proyecto de presupuesto como fue solicitado, por lo cual exijo en este momento que la información relativa al presupuesto me sea entregada, ya que su análisis no sólo es un derecho, también es una obligación”, dijo.

Precisó que la tarde del pasado jueves, se aprobó por mayoría con el voto en contra de Morena, sin embargo, tal hecho quedará marcado como una falta de sensibilidad para lograr acuerdos en temas tan sensibles pues en realidad siguen con viejas prácticas que no abonan en nada a un óptimo proceso legislativo y mucho menos a la inclusión de todos en la toma de decisiones.

 Al hacer uso de la palabra, Rivas Rodríguez aclaró que el proyecto de presupuesto fue aprobado por las otras cinco fuerzas políticas y se presentó un documento responsable y austero, incluso, considerado menor que el año pasado, toda vez que será el mismo monto, alrededor de 217 millones de pesos, pero manteniendo el incremento del 5 por ciento en el sueldo de los trabajadores del Poder Legislativo.

“A más de dos años, este tipo de situaciones, de falta de voluntad, de críticas sin fundamento, lo voy a decir como es de berrinches , de personas que hasta el día de hoy no cuentan con voluntad, pareciera que no tienen experiencia”, fustigó.

En respuesta, la diputada de Morena, le señaló que si bien, le fue explicado durante la reunión el tema del presupuesto, su molestia radicaba en el nulo tiempo con el que se contó para analizar un tema tan importante por lo que señaló que no se prestará a “cochupear” ni a acuerdos en lo “oscuro”.

La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Celia María Rivas Rodríguez, reveló que el Poder Judicial de Yucatán, interpuso un recurso controversia constitucional en contra de la ley emitida por el Poder Legislativo que elimina el fuero a todos los funcionarios de los tres poderes del estado y a los regidores de los 106 municipios.

El tema incluso se debatió en tribuna por parte del diputado Elías Lixa Abimerhi, quien increpó al Poder Judicial al acusarlo de opacidad pues no publicaron en su página de internet la sesión del pleno de ministros donde se acordó realizar la solicitud de tal recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Este órgano no publicita sus actas de pleno, su última actualización que tienen es del 30 de julio de 2016, tienen más de un año sin hacer del conocimiento de la sociedad lo que sesionan, lo cual es una falta de voluntad, por eso solicito que hagan públicas todas las sesiones del pleno y también en particular aquella donde resolvió ir en contra de una exigencia ciudadana, todos tenemos que ser responsables de nuestros actos”, dijo.

Recordó que tras la aprobación de las reformas constitucionales que eliminaron el privilegio del fuero para los tres poderes del estado y los 106 municipios, un total de 89 cabildos se pronunciaron a favor al momento de publicarse en el Diario Oficial, por lo que dijo desconocer por qué la postura del Poder Judicial que pretende mantenerse el fuero con una acción de inconstitucionalidad.

Minutos antes de la sesión, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, señaló que el Poder Legislativo dará cabal respuesta a la  controversia constitucional ante el máximo tribunal del país y aseguró que no pueden existir funcionarios de primera o de segunda, toda vez que la eliminación del fuero es un reclamo social.

“Es un reclamo de la sociedad yucateca que ningún funcionario tenga fuero, se promovió una controversia constitucional por parte del Poder Judicial del estado, nosotros hemos contestado en tiempo y forma nuestra postura, que ningún servidor público debe tener fuero, nadie puede ser servidor público de primera o de segunda, es un reclamo de la sociedad yucateca”, concluyó.