Debido a la negativa del gobierno de Rolando Zapata Bello de pagarles un total 78 millones de pesos por 18 hectáreas de terreno, ejidatarios de Cinco Colonias cerraron por por 3 horas el acceso al fraccionamiento Robles de Alborada donde se encuentra 220 viviendas construidas en terrenos que fueron de su propiedad.

A las 7 de la mañana de este miércoles, los ejidatarios de Cinco Colonias colocaron piedras y sogas para plantarse con el objetivo de cerrar la calle 16 que conduce directamente a dicho fraccionamiento afectando a los vecinos y camiones del transporte público en señal de protesta porque el Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) se niega a pagar 78 millones de pesos.

El comisario ejidal de Cinco Colonias, Pedro Villalobos García, señaló que el Gobierno del Estado ha perdido todos los fallos ante instancias correspondientes pero no quieren poner fin al conflicto ante esta situación decidieron cerrar la calle 16 durante 3 horas causando perjuicios a los vecinos de dicho asentamiento.

Villalobos García afirmó que falta un año para que termine este Gobierno, por lo que no dejaran de presionar al IVEY para que se comprometan al pago de 78 millones de pesos.

Advirtió que de no haber una solución no solo van a bloquear la calle 16 que conduce al citado fraccionamiento si no que van a solicitar a los dueños de las 220 viviendas que paguen por los terrenos donde se construyeron sus casas.

Finalmente, recordó que esos terrenos fueron adquiridos por el Gobierno de Ivonne Ortega Pacheco transferidos a la ex alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara que gestionó ante el INFONAVIT la construcción de 220 casas en dicho fraccionamiento.

Los resultados presentados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) distan mucho de la realidad que viven miles de pobres en la entidad, aseguró la dirigente del Movimiento Antorcha Campesina en Yucatán, Aleida Ramírez Huerta.

En rueda de prensa, la activista social anunció también que el próximo domingo 17 del presente mes se llevará a cabo el acto por el décimo séptimo aniversario del Movimiento Antorchista en la entidad, la cual tendrá como principal orador al dirigente nacional de la organización Aquiles Córdova Morán.

Precisó que el acto cultural y artístico iniciará en punto de las nueve horas en el Jardín Carta Clara, ubicado al oriente de la capital yucateca, donde se espera que se reúnan un total de 25 mil antorchistas para celebrar 17 años de lucha contra la pobreza en la entidad.

Cuestionada sobre las cifras dadas a conocer por el Coneval sobre la situación de la pobreza en la entidad, la dirigente antorchista consideró como irreales tales cifras toda vez que el trabajo que hacen campo todos los días desnuda la profunda miseria que hay en el estado.

“Consideramos que las cosas no han mejorado, es cierto que se dijo disminuyó en 90 mil los pobres en nuestro estado, pero en la parte donde realizamos nuestro trabajo no hemos visto que disminuya”, precisó.

Señaló que la falta de empleo se ve claramente reflejada con el aumento al ambulantaje en las principales poblaciones de la entidad, principalmente en Mérida donde el comercio informal esta de manera evidente en cruceros y tianguis de las colonias populares.

“No es una situación fortuita (el ambulantaje), es una situación que se da por la falta de empleo, en la zona rural mucha gente tiene que migrar o bien a la capital o a la Riviera Maya para tener un empleo que vaya ayudar la problemática al interior de sus hogares”, señaló.

Ramírez Huerta informó que tan solo en este año se realizaron cinco grandes obras gestionadas por el Movimiento Antorchista entre los que destacan tres albergues culturales en los municipios de Kanasín, Valladolid y Peto.

“También gestionamos la construcción de una casa de cultura en la comisaría de Ek Pedz, la construcción de la segunda etapa de la construcción  de la segunda etapa en la preparatoria Felipe Carrillo Puerto de Tholop, Yaxcabá, la entrega de mil toneladas de maíz en varios municipios, así como la entrega de insumos agrícolas, pavimentaciones y electrificaciones en Kanasín”, finalizó.

El consejero del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAIP), Aldrin Briceño Conrado, advirtió que a partir de enero próximo, los sindicatos que reciben financiamiento público tendrán que revelar los montos que reciben, o de lo contrario, serán sancionados por la ley en la materia.

Abordado por los medios de comunicación, indicó que actualmente el INAIP solo realiza pláticas conciliatorias con los nuevos sujetos obligados por la ley, con el objetivo de lograr que a la brevedad se sometan al marco jurídico vigente.

Precisó que el artículo 49 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, señala que los sindicatos que reciben o ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, deben cumplir con las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en la legislación en la materia.

Dijo que aunado a lo anterior, la propia Ley estatal, en su artículo transitorio décimo segundo, le estableció a los sujetos obligados que hayan designado recursos públicos a sindicatos, la obligación de remitir al Inaip Yucatán su listado.

“La Ley establece que los sujetos obligados que les asignen recursos públicos a los sindicatos deberán habilitar un espacio en su sitio web para que estos últimos cumplan con sus obligaciones y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso acceso a la plataforma nacional. Sin embargo el sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información”, explicó.

Apuntó que el marco legal indica que los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la información aplicable del artículo 70 de dicha Ley, como lo son contratos y convenios entre sindicatos y autoridades.

Detalló que asimismo las organizaciones gremiales que se encuentran en dicho supuesto están obligadas a dar a conocer el directorio del Comité Ejecutivo, el padrón de socios, y la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban así como el informe detallado del ejercicio, además del destino final de los recursos públicos que ejerzan.

Dijo que derivado del programa de verificación que realiza el INAIP Yucatán que finalizará en diciembre de este año, se lleva a cabo el análisis de la situación que guardan estos sindicatos en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, así como de aspectos que determinarán si realmente pertenecen al padrón estatal.

“A partir de enero entramos en otro proceso donde entonces sí el órgano garante puede iniciar procesos en contra los sujetos obligados que no cumplan con la ley general”, finalizó. (Oscar Rodríguez)

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad, remover a Naybi Janeth Herrera Cetina, como consejera electoral integrante del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) de Yucatán, al acreditarse la designación de su hermana como jefa de Departamento del Archivo del Instituto Electoral local.

Esta acción contraviene lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), en el cual que se establece como una causal de remoción: El conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos; y realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes.

Al respecto, el consejero electoral Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del INE, lamentó que el Consejo General se tenga que pronunciar respecto de un caso como este; sin embargo, aseguró “cuando llegue a ocurrir, vamos a hacer contundentes”.

“Nosotros somos la autoridad rectora del sistema nacional electoral administrativo, y no vamos a condescender con ninguna indulgencia de los propios miembros de este sistema electoral, para dejar de observar alguna de las responsabilidades que nos corresponde como funcionarios del Estado mexicano”, enfatizó.

Ciro Murayama advirtió que “no se llega a ese nivel de responsabilidad para gestionar contrataciones de familiares o para ascender parientes. El nepotismo va a estar desterrado de la autoridad electoral administrativa y va a ser combatido por este Consejo General”.

Galenos del hospital privado Star Médica no se presentaron por segunda ocasión en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para comparecer ante el Ministerio Público quien les informará la denuncia que pesa en su contra por la muerte del niño Fabrizio, ocasionada por presuntos actos de negligencia médica ocurridos semanas atrás.

Ante tal situación, fuentes de la dependencia estatal, revelaron que se les lanzará un tercer citatorio para que se presenten de manera voluntaria, de no hacerlo, el Ministerio Público está facultado para emitir una orden de presentación a la Policía Estatal Investigadora de la Secretaría de Seguridad Pública.

Como hemos informado, los padres del menor Santiago Sosa Cerón y Mónica Ávila Rodríguez, denunciaron de manera pública los hechos que desembocaron en la muerte de su primogénito, por los cuales presentaron una querella ante la FGE.

Asimismo, la sociedad yucateca se ha volcado en muestras de apoyo al grado que el pasado domingo, decenas de personas acompañaron a los padres del menor en una manifestación pública para exigir justicia.

De acuerdo con datos proporcionados por la oficina de comunicación social de la FGE recabada en esa dependencia, fueron citados a comparecer tres trabajadores de Star Médica –incluido su director Hugo Boehm Calero- el domingo pasado, pero no se presentaron. Por tal razón, se les volvió a citar para este martes, y tampoco acudieron.

Días atrás el propio Sosa Cerón, precisó que las denuncias se interpusieron en contra de los médicos Francisco González Martínez y Willhem Cerón Grajales, pues estas personas se han negado a proporcionar el expediente clínico del menor para conocer las causas del deceso. 

Debido a su negativa por comparecer, la Fiscalía procederá a actuar en consecuencia, por lo que girará nuevos citatorios a estos trabajadores del hospital. De no contestar, entonces se podría solicitar el apoyo de la SSP para presentarlos por la fuerza. (Oscar Rodríguez).