Un grupo de 300 habitantes de Homún, asesorados por integrantes de Colectivo Indignación, protestó frente al Palacio de Gobierno, con el objetivo de entregar a autoridades del Ejecutivo estatal, los resultados de la consulta realizada el pasado 8 del presente mes, donde ese municipio rechaza la instalación de una granja porcícola de la empresa Kekén.

Durante la movilización de la asociación Ka’ananTs’Onot, una mujer identificada como Cristina Muñoz Menéndez, del Colectivo Indignación daba instrucciones al oído al vocero de esa organización, José Clemente May Echeverría, quien trataba de dar entrevistas a los reporteros que citaron en lugar.

Sin embargo, la atención que el habitante de la comunidad indígena de Homún tuvo con los reporteros terminó por colmar la paciencia de la activista de Indignación quien desde la puerta de la sede del Poder Ejecutivo estatal gritó a una comitiva que ingresó a entregar los resultados de la consulta “primero el pueblo y luego los periodistas”.

Durante la manifestación, los habitantes de esa comunidad maya entregaron un comunicado donde aseguran que el Gobierno del Estado, sin consultar sus derechos, autorizó la construcción de un mega proyecto porcícola en la zona que pretende ser operado por Kekén.

En el documento se establece que ante el atropello de realizar acciones dentro de su territorio sin consultarlos, realizaron una consulta el pasado 8 de octubre donde un total de 789 personas de ese municipio salieron a votar de las cuales 732 expresaron su rechazo a la “mega granja”.

“Hoy acudimos ante el gobernador de Yucatán para exigir que respete la voluntad del pueblo y por tanto exigirle que suspenda de inmediato cualquier autorización otorgada por la instalación y operación de la mega granja porcícola pues el pueblo ha manifestado su rechazo”, expone el comunicado.

Asimismo, en el escrito expresan su preocupación por las afectaciones al medio ambiente y a la contaminación del agua, pues Homún forma parte de la reserva hidrológica denominada Anillo de los Cenotes que prohíbe que se realicen actividades “incompatibles”.

De la misma manera el documento hace alusión al Poder Ejecutivo al señalar que “el gobierno de Yucatán muestra un desprecio al derecho que tenemos como pueblo maya”.

Finalmente, en el comunicado se indica que la exigencia de detener la construcción de la granja busca sentar el precedente en Yucatán de que se debe respetar el derecho que tienen los pueblos mayas de decidir en su territorio.

Tras anunciar la participación por segundo año consecutivo de la Guelaguetza, dentro del Festival Internacional de la Cultura Maya (Ficmaya) 2017, el director general de ese evento en Mérida, Alberto Vázquez Sánchez, señaló que como parte de las actividades que llevarán a cabo, un grupo de estudiantes oaxaqueños subastará piezas de arte para reunir fondos para apoyar a sus paisanos afectados por el sismo.

Abordado por los medios de comunicación, Vázquez Sánchez precisó que desde el inicio de la tragedia han apoyado a sus paisanos con víveres y recursos económicos, sin embargo, hizo un llamado para que los habitantes de la capital yucateca visiten Oaxaca para que su economía sea reactivada.

Aseguró que la comunidad oaxaqueña en Yucatán que incluye a más de 2 mil familias, ha apoyado con tráileres y dos camionetas de víveres para las localidades del istmo que se vieron afectadas.

Precisó que es la edición 17 del “Festival de Oaxaca y la Guelaguetza” y por segunda ocasión participan dentro del Ficmaya, de nueve de la mañana a 23 horas, desde el pasado viernes 20 hasta el cuatro de noviembre próximo, en el Parque de Santa Ana, de la capital yucateca.

Informó que en total son ocho actividades dancísticas, musicales y una muestra de alteres de muertos al estilo oaxaqueño, que se irán presentando a lo largo de dos semanas en dicha plaza.

El director y fundador del Grupo Cultural Oaxaca, informó que en esta edición 17 rendirán también un homenaje al maestro Elpidio López Castillejos, oaxaqueño que ha hecho un trabajo importante en misiones en Yucatán, donde ha realizado arreglos a varias jaranas.   

“Es la segunda vez que participamos dentro del Ficmaya, en esta ocasión vamos a hacerle un homenaje a Elpidio López Castillejos, a nuestro paisano, el 29 de octubre, que es de la sierra Juárez porque ha trabajado 39 años con las misiones en Yucatán”, dijo.

Comentó que son 55 artesanos lo que participan con ropa, artesanías, medicinas, tlayudas, mole negro, enmoladas, nieves de diversos sabores, entre otros productos.

Alberto Vázquez también dio a conocer que los días 3 y 4 de noviembre próximo se realizará el tradicional baile de la Guelaguetza con la participación de la región de Tuxtepec con el baile de Flor de Piña.

Señaló que el mismo tres de noviembre pero a las 18 horas se llevará a cabo una muestra de altares oaxaqueños que llevará por nombre “Altar de muertos, ofrenda de vida” en la cual se realizarán cantos y alabanzas a los fieles difuntos.

Para el cuatro de noviembre, de la Plaza Grande hasta Santa Ana se realizará el desfile de Caleta de la Guelaguetza, a las 17 horas, donde participan 55 artesanos que están dentro de esta festividad tradicional”, finalizó.

Integrantes de la asociación civil Mujeres Todas, denunciaron que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac), las engañó al no incluir acciones afirmativas para reducir el rezago histórico de las mujeres en el ámbito político electoral, con lo que se relega al sexo femenino a la “cocina” electoralmente hablando.

Ante los medios de comunicación, María Eugenia Núñez Zapata, Gina Villagómez Váldez, Diana Canto Moreno, Rita Farjart Vázquez, Marbella Casanova Calam y Malena Peón Vargas, presentaron un documento donde exhiben el engaño que dicen fueron presa por parte del Iepac, que tres días antes de realizar el acuerdo a ese consejo, les aseguró que sus propuestas serían tomadas en cuenta.

La investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Villagómez Valdéz, aseguró que el árbitro electoral permitió la distribución por dos bloques, en el tema de la paridad asegura que los partidos políticos pueden poner a los varones en distritos ganadores y “mandar a la cocina a las mujeres”.

“Es un llamado de atención a las mujeres de los partidos, siempre han sido utilizadas por todos los partidos para cobijar candidatos, para organizar mítines, para organizar el Día de la Madre, del Padre, del Niño, de la Abuela y todo lo demás, pero a la hora que quieren ser regidoras, cuando mucho les permiten entrar a las regidurías, pero no a las presidencias municipales”, señaló.

Aseguró que el acuerdo tomado por el Iepac como autoridad electoral, es una violencia política e institucional en contra de las mujeres, al impedir acciones afirmativas como el obligar a los partidos políticos a poner tres bloques a las candidaturas a puestos de elección popular, principalmente en los municipios.

“Efectivamente aprobaron la paridad, no les podemos aplaudir porque eso, ya era ley, lo único que bajaron son los partidos a 50 por ciento, pero los bloques vamos a ajustarlos y esto es una presión de los presidentes de los partidos”, dijo.

En el encuentro con los medios de comunicación, las activistas aseguraron que el acuerdo por el Consejo General tuvo la “grave omisión” de no definir los criterios afirmativos en pro de la equidad para la integración de las planillas de regidores en los municipios con número impar que en Yucatán abarca el 75 por ciento de las comunas.

En un documento firmado por las seis activistas detallaron que al no existir acciones que garanticen que en los municipios con cabildos impares (más de 80) se privilegie que existan más del 50 por ciento de las mujeres en las regidurías, se deja a criterio de los partidos el conformar planillas con mayor número de hombres.

“Cabe mencionar que los órganos electorales establecen lineamientos porque precisamente esa es su facultad; dentro de estos lineamientos emiten criterios. La simulación que señalamos es que el Iepac se limitó a emitir recomendaciones para reducir el rezago de las mujeres, mismas que podrán ser observados o no por los partidos políticos sin sanción alguna”, finaliza el documento.

La exoneración del secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Mauricio Sahuí Rivero por parte de autoridades electorales, generó la condena de legisladores de partidos de oposición, quienes expusieron su preocupación por la tibieza por parte de los organismos encargados de darle certeza y legalidad a los comicios del 2018.

Como hemos informado, los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y  Acción Nacional (PAN), así como un ciudadano de nombre Ángel Cano Barrueta, presentaron denuncias por la aparición de espectaculares con la Leyenda “Sahuí quiere ser Gobernador” pues incurrían en presuntos actos anticipados de campaña.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) desechó las denuncias de ambos institutos políticos por falta de pruebas, mientras que la denuncia del ciudadano fue también desestimada por parte de magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY).

Al respecto, la diputada local de Morena, Jazmín Villanueva Moo, lamentó la decisión de ambos organismos pues consideró que  “indiscutiblemente” se trató de un acto anticipado de campaña.

“Ante los ojos de la sociedad yucateca, esto fue un acto de proselitismo adelantado, ya que de un día para otro nos encontramos con cientos de espectaculares que muestran claramente a una persona y sus aspiraciones políticas”, relató.

Afirmó que para Morena no causa sorpresa que las instituciones electorales avalen este tipo de prácticas, “ya que consideramos y sostenemos que estas instituciones están sujetas al servicio de una mafia que se considera por encima de las leyes y del pueblo”, señaló.

En ese mismo tenor se pronunció el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Raúl Paz Alonzo, quien deploró lo actitud de las autoridades al afirmar que “es una vergüenza que el árbitro electoral de preste a esas marrullerías”.

“Si eso hace por una persona que ni siquiera vemos que tiene respaldo en su partido político... ¡Imagínate lo que podría hacer en una elección tan importante para el partido oficial en el 2018”, fustigó.

Finalmente, indicó que desde la realización de la reforma electoral “a modo” que presentó el Ejecutivo y que fue avalada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se preveía este tipo de escenarios donde se protegen intereses del tricolor por encima del bien común.

Por su parte, el diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), David Barrera Zavala, manifestó su preocupación por la actitud asumida por parte del Iepac en torno a la recopilación de las pruebas de los actos denunciados, toda vez que los espectaculares fueron vistos por miles de personas.

“Todos los medios lo mencionaron, estuvo en redes sociales, los espectaculares que se vieron, casualmente cuando hace hacer su inspección el Instituto electoral ya no había pruebas”, precisó.

El diputado perredista consideró que los árbitros electorales salieron reprobados de este primer examen, por lo que auguró que los comicios del 2018 serán complicados si las autoridades no hacen su trabajo de manera correcta.

La señora Ligia Canto Lugo afirmó que la intención de buscar un juicio abreviado para los dos sicarios que asesinaron a su hija Emma Gabriela Molina Canto, es en virtud del cansancio y desgaste que les ha generado el largo proceso que inició tras el atentado el pasado 27 de marzo, en el fraccionamiento San Luis, de la capital yucateca.

Este martes, la señora Canto Lugo citó a los medios de comunicación para dar a conocer la demanda interpuesta en contra del abogado David Araba Dorantes, por incurrir en abuso de confianza, toda vez que primero fungió como su asesor en el juicio y en una audiencia celebrada ayer se conoció que ahora defenderá a Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, verdugos de Emma Gabriela.

Abordada por los medios de comunicación, Ligia Canto precisó que el abogado Araba Dorantes cuenta con información privilegiada que podría ser utilizada como parte de la estrategia que llevaban para que se haga justicia por la muerte de su hija.

“Me preocupa porque este señor estaba enterado de muchas cosas, que solamente como parte de la defensa podría saber”, indicó.

Expresó que el cambio de defensa en los asesinos materiales de su hija es una prueba más de que la mano y los recursos del presunto autor intelectual del feminicidio, Martín Medina Sonda está claramente metido en el complot que le arrebató la vida a Emma Gabriela.

“Además, ellos mismos manifiestan que por 30 mil pesos cada uno asesinaron a mi hija, entonces de dónde sale el dinero para pagar los honorarios del abogado, nos hace pensar de que otra vez está sacando el poderío económico este señor (Martín Medina)”, abundó.

Señaló que la estrategia de tratar de llevar un juicio abreviado con los autores materiales es por “cansancio” y afianzar la participación de quien todo indica es el autor intelectual del feminicidio de su hija.

Por su parte, el asesor legal de la señora Ligia Canto, de nombre Efraín Martínez Arellano, adelantó que hasta que no se realice la audiencia de apertura para un juicio oral, la posibilidad de un proceso abreviado siempre estará latente.

Sin embargo, expuso que dadas las condiciones que actualmente prevalecen, buscarán que a los cinco involucrados se les castigue con la pena máxima, pues solicitarán al juez que a Medina Sonda se le dé 50 años de cárcel por el delito de feminicidio, mientras que a los otros cuatro involucrados 40 años de prisión por homicidio calificado.

Finalmente, indicó que en caso de no lograrse un acuerdo, a más tardar para enero del año entrante se realizaría el juicio oral donde se decretaría el grado de culpabilidad de los cinco involucrados en el crimen, pues a su parecer existen las pruebas para que sean condenados.

Mauricio Sahuí Rivero, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), fue totalmente exonerado por parte de las autoridades electorales de las acusaciones que pesaban en su contra por presuntos actos anticipados de campaña, debido a la aparición de varios espectaculares que promocionaba la edición de La Revista Peninsular donde apreciaba la imagen del funcionario junto a la del gobernador Rolando Zapata Bello, con la leyenda "Sahuí quiere ser Gobernador".

En la víspera de la Sesión Pública del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY), el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac), confirmó que la denuncia interpuesta por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), desde el pasado jueves fue desechada.

Ante tal situación todo quedó en manos del TEEY quien en punto de las 11 horas de este lunes, llevó a cabo una sesión pública para desahogar dos temas, entre ellos  el expediente P.E.S.-01/2017, correspondiente al Procedimiento Especial Sancionador, denunciado por Ángel Emilio Cano Barrueta, en contra del Sahuí Rivero, por la comisión de presuntos actos anticipados de precampaña o campaña y el uso de recursos públicos.

Según el fallo, después de un análisis completo, integral y de un estudio exhaustivo de todo el expediente, el magistrado presidente, en su papel de instructor, Fernando Bolio Vales, consideró que no fueron probados plenamente los hechos manifestados, por lo que declaró totalmente infundados los actos denunciados.

Por lo que el  proyecto promovido por Bolio Vales fue aprobado por unanimidad de votos de los magistrados que integran el Pleno.

Cabe señalar que de acuerdo con la ley, el promotor de la denuncia aún podrá impugnar la decisión del TEEY ante la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El presidente de la Comisión Permanente para el Respeto y Preservación de la Cultura Maya, David Barrera Zavala, indicó que en Yucatán el marco normativo vigente en materia indígena, tiene por objeto garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales del pueblo maya establecidos tanto en la ley federal como local; así como en los convenios internacionales ratificados por México.

Al subir a la máxima tribuna del Congreso del Estado, el legislador del sol azteca, mencionó que como legisladores, “siempre hemos procurado el reconocimiento de las comunidades mayas, para garantizarles el acceso a la justicia en igualdad de condiciones”.

Indicó que al aprobar las reformas a diversos artículos de la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán y a la Ley del Sistema de Justicia Maya del Estado de Yucatán, se refrenda un compromiso con dichas comunidades.

Dijo que con estas adiciones a la ley, las autoridades estatales y municipales tendrán la obligación de incluir en sus informes oficiales, un apartado de las acciones dirigidas a favor del desarrollo integral del pueblo maya.

Barrera Zavala dio a conocer que los principales aspectos de las reformas a la Ley para la protección de los derechos las comunidades mayas, se encuentra en establecer que los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia en las regiones que tengan sede, deberán contar con intérpretes certificados por las autoridades competentes en la materia del conocimiento de la lengua maya.

“De igual forma, se establecerá dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, promover en todos los municipios yucatecos, el rescate, conservación y aprendizaje de la lengua maya”, expuso. 

Parte importante de igual manera es establecer dentro de las atribuciones de los ayuntamientos, promover el respeto de los derechos de la diversidad sexual entre los integrantes de la comunidad maya.

Asimismo, comentó que se prevé que el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) deberá coadyuvar con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) para la enseñanza de la lengua maya en todo el territorio yucateco.

Explicó que en lo que respecta el Sistema de Justicia Maya del Estado, se establecerán como nuevos requisitos para ser juez maya, tener la calidad de ciudadano yucateco y saber leer y escribir.

Como también respecto al proceso de elección de los jueces mayas, se contempla que las comunidades mayas, podrán si así lo consideran, contar con el apoyo del Indemaya, del ayuntamiento respectivo o del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac), añadió.

“Con este producto legislativo fortalecemos el sistema normativo de nuestro pueblo originario a través de acciones concretas, que sin duda producirán resultados alentadores de manera inmediata”, concluyó.

Desde la máxima tribuna del estado, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Elías Lixa Abimerhi, denunció que los magistrados del Poder Judicial contrataron un despacho de abogados constitucionalistas para echar abajo la ley que retira el fuero a todos los funcionarios de los tres poderes y a los 106 alcaldes.

Al abordar la máxima tribuna del Congreso del Estado, en Asuntos Generales, el legislador reveló que luego de realizar una exhaustiva revisión, logró obtener el acta de la sesión celebrada el pasado 25 de mayo, donde los magistrados acordaron presentar una controversia constitucional en contra de la ley que elimina el fuero.

“El 25 de mayo ni siquiera habían aprobado los ayuntamientos esta reforma, el 25 de mayo estábamos en total proceso legislativo, no se había publicado, el 25 de mayo no contaban con la información de qué era lo que estábamos debatiendo en el Congreso y ya habían acordado ir a la Suprema Corte”, denunció.

Comentó que en esa sesión, los magistrados del Poder Judicial fueron más allá al autorizarse que los gastos que generara la promoción del amparo para preservar ese privilegio, fueran a cargo del erario público.

“Están destinando presupuesto público para defender un privilegio que tienen, por cierto, también leímos que pretenden duplicar su presupuesto este año, usan el presupuesto para conservar sus privilegios, me parece una notoria contradicción, porque los gastos indispensables no es contratar un despacho especialista que radica en la Ciudad de México”, señaló.

Detalló que nueve de los abogados que están autorizados para llevar la controversia constitucional por parte del Poder Judicial del estado son integrantes de un despacho privado.

“Los especialistas de derecho constitucional de Yucatán están contratando a otros para representarlos, están representados por un despacho privado, por si se desea consultar el directorio es el bufete García-Jimeno”, detalló.

Finalmente, demandó al gobierno del estado a asumir una postura en torno a la controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del estado la cual será resuelta por la SCJN dentro de seis días.