En una rueda de prensa convocada en el salón de sesiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac), los afectados argumentaron que el INE pretende tomarles como gastos de campaña “hasta el uso de una bicicleta”.
Durante el encuentro, la activista Olga Moguel, quien aspira a una candidatura a la diputación local por el Distrito 2 con cabecera en Mérida, indicó que existen serias afectaciones a los derechos político-electorales de los ciudadanos que buscan estar en las boletas electorales del 2018.
“Según observamos en la capacitación que recibimos ayer, hay discrepancias serias, fundamentales entre leyes y reglamentos, es decir, hay una normativa todavía confusa porque ni los capacitadores tenían claro las disposiciones y lo sujetaban a interpretaciones de quién sabe de alguien que está en un libro”, expuso.
Por su parte, el ambientalista Ernesto Maurín Guerrero, quien busca ser candidato independiente por el Distrito local 4, expresó su desaliento por las trabas que la autoridad electoral pone a quienes buscan un puesto de elección popular por una vía apartidista.
“La autoridad electoral nos considera en un mismo nivel que un partido político, lo cual es totalmente inequitativo, nosotros somos ciudadanos que queremos ejercer nuestro derecho constitucional a ser votados, entonces, nos encontramos que con este tema de la fiscalización, deja muchas dudas”, ahondó.
