Luego de cerrar de nuevo este sitio, los campesinos afirmaron que llevan varios años solicitando al INAH que se haga el pago correspondiente por la expropiación de poco más de 50 hectáreas de terrenos que les pertenecen, a lo que el organismo y su actual delegado en la entidad habrían dado largas, aparentemente, por estar involucrado en la entrega de terrenos a particulares que colindan con el sitio arqueológico, según un documento que presentaron fechado en diciembre de 2018.
"Nos pusimos a investigar y nos encontramos un contrato de usufructo de 390 hectáreas que se habría firmado mediante una asamblea ejidal simulada", explicó José Kú Chalé, secretario del ejido de Chablekal.
"Aquí vemos una de las mentiras de este señor Calzada. Tiene compromiso con inversionistas, aquí está claro que él participó porque las delimitaciones de este terreno pasan pegadito a la zona arqueológica, y aquí no puedes entrar porque la gente que trabaja allá, enseguida les habla a ellos si ven algo. Aquí han estado pasando topógrafos y otros trabajadores y nadie ha dicho nada", externó.
Los hombres de campo acusaron a López Calzada de autorizar el parcelamiento de terrenos que se encuentran en el parque nacional que forma parte del sitio histórico, con base en presuntos documentos que obtuvieron en el Registro Público de la Propiedad, aunque refirieron que el funcionario dijo desconocer todos estos movimientos cuando los cuestionaron hace unos días.
Insistieron en que este y otros presuntos intereses estarían frenando el proceso que estos llevan desde hace años con el INAH y que no ha podido atenderse, pese a que se han instalado mesas de diálogo.
Aseguran que el INAH les ha informado que difícilmente les podrá pagar por sus terrenos debido a que se eliminaron los fideicomisos para ello, aunque insistió en que hay maneras para solucionar el conflicto.
Se informó que los ejidatarios mantendrán tomadas las instalaciones de Dzibilchaltún hasta que las oficinas centrales del INAH atiendan sus peticiones, en torno a que los campesinos reciban la remuneración que les compete por la ocupación de sus terrenos, pues de lo contrario, advirtieron que iniciarán un proceso administrativo contra Eduardo López Calzada por su presunta inactividad en el tema que los obligó a dejar la mesa de diálogo hace unos días.
"Mientras termina el procedimiento expropiatorio, únicamente estamos pidiendo el convenio de ocupación previa que tienen ellos porque hace más de 60 años que tienen la ocupación y no ha recibido nada el ejido", explicó Wilberth Saucedo, asesor legal de los campesinos.
"Sabemos que el caso ya está siendo atendido por la oficina central del INAH, aunque de no haber acción, podemos llevar el caso de que separen del cargo a los funcionarios, así de fácil. No cumplieron, le doy parte a la contraloría interna del instituto y que esta defina que va a hacer, que resuelva mi queja", apuntó.
Los campesinos instalaron un campamento permanente a las puertas del sitio arqueológico, que permanecerá cerrado al público y a los trabajadores, hasta que las negociaciones con el INAH y la Procuraduría Agraria, instancia que también participa en el diálogo, lleguen a buen término. (ACOM)
