En un comunicado, se informó que dicha denuncia fue presentada ante las diversas autoridades ambientales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), así como la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Este miércoles, la Profepa dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que, a partir de dicha denuncia, se realizaron visitas de inspección a cuatro granjas porcícolas, ubicadas en los municipios de Maxcanú, Kinchil, Opichén y Mérida.
De dichas inspecciones derivaron cuatro clausuras “por no contar con las autorizaciones en materia de impacto ambiental, por las afectaciones a la biodiversidad, por no presentar los resultados de sus descargas de aguas residuales, y una inadecuada gestión y manejo de sus residuos peligrosos”.
Cabe recordar que, en el informe elaborado por Greenpeace, la carne que está consumiendo el planeta, se menciona precisamente que únicamente cuentan con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), 22 de las 257 granjas identificadas en la Península de Yucatán.
En el mismo informe se menciona como 122 de estas granjas se encuentran en regiones de atención a la biodiversidad.
Los integrantes del pueblo maya y las organizaciones expresaron que son importantes estas clausuras realizadas por la Profepa, ya que son el primer paso para frenar las afectaciones ambientales ocasionadas por la industria porcícola.
Finalmente, expresaron que es importante también que se reconozca el derecho a la libre determinación del pueblo maya, dado que, entre las violaciones a sus derechos, están la falta de acceso a la información, el derecho a la consulta y al consentimiento, los cuales son fundamentales para garantizar el derecho a la libre determinación.
