Mediante un boletín de prensa, se reveló que, en una audiencia en el Centro de Justicia Oral de Progreso, presidida por la jueza de Control, Diana Yadira Garrido Colonia, los fiscales de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción imputaron a 11 personas el delito de cohecho, por hechos ocurridos en 2016.
En dicha audiencia, realizada ayer, los fiscales informaron a los detenidos que iniciaron una investigación por su probable participación en esos hechos (imputación) con base en lo siguiente: “derivado del proceso de entrega- recepción entre las administraciones municipales saliente (2015-2018) y entrante (2018-2021), se obtuvo información respecto de diversas irregularidades en la celebración de un contrato con una empresa”, cita.
“De dichas revisiones se estableció que el 23 de diciembre de 2016, aproximadamente a las 23 horas, en sus entonces funciones como regidores se encontraban en la sala de cabildo de dicho municipio y cada uno de los hoy imputados recibió la cantidad de 110 mil pesos en efectivo para la suscripción de un contrato para la prestación de un servicio de alumbrado público entre el Ayuntamiento de Progreso y la citada empresa, misma autorización que hicieron constar con sus respectivas rúbricas en acta oficial de sesión del cabildo”, añade el documento.
Posteriormente, los fiscales especializados en combate a la corrupción solicitaron a la jueza de Control resolver la situación jurídica de los imputados (auto de vinculación a proceso), pero estos y sus defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional, es decir, 144 horas, ante lo cual la juzgadora notificó a las partes que la audiencia de vinculación se realizará el próximo 12 de julio del presente, en este mismo Centro de Justicia Oral.
Por último, la jueza de Control, Garrido Colonia impuso a los imputados las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica y el sometimiento y vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, así como la prohibición de salir del Estado. Medidas que tendrán vigencia por todo el tiempo que dure el proceso penal.
