Y es que a decir de los activistas el argumento utilizado por la empresa porcícola “Productos Pecuarios para Consumo” que busca declarar como “extemporáneo” el amparo, no es valido, por lo que entregaron a la SCJN un documento con 700 firmas de habitantes de esa comisaría que avalan la solicitud de intervención de la Suprema Corte.
Según un comunicado de prensa en caso de ser atraído el caso, se podría generar un precedente positivo sobre la admisión de juicios de amparo sobre derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente.
En el boletín se acusa a esa empresa ha contaminado el agua, aire y suelo del territorio de Sitilpech sin que alguna autoridad haya realizado su labor relativa a la prevención y precaución del daño ambiental.
Con la demanda también exigen que se realice una consulta indígena para determinar la continuación o no de los permisos de la empresa en su territorio, pues existe mucha inconformidad al respecto.
De esta forma, se demandaron violaciones a su derecho al medio ambiente sano y al agua, especialmente de las niñas y niños de la comunidad de Sitilpech.
Sin embargo, ante la presentación de la demanda de amparo, la empresa porcícola interpuso un recurso de queja argumentando que la demanda era notoriamente improcedente.
Uno de los argumentos principales es que la demanda fue promovida de forma extemporánea, pues aun cuando se reclaman “omisiones” de las autoridades, según lleva varios años operando sin que haya recibido reclamo alguno.
No obstante, la organización civil Kanan Derechos Humanos, que les acompaña en el proceso legal, señala que este argumento es contrario a la protección ambiental, pues considera que no es posible aplicar el mismo criterio de plazos específicos para demandar el deterioro ambiental para la protección de los recursos naturales, pues es imposible estar “conforme” con omisiones de las autoridades, al ser obligaciones de carácter inmediato y prioritario por el bien común, la salud, ambiente y agua.
Por su parte, Greenpeace México hizo entrega de una carta técnica al Máximo Tribunal en la que subraya los impactos ambientales y sociales que mega granjas porcícolas —como la que opera en Sitilpech— ocasionan al medio ambiente.
