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Persiste racismo estructural e institucional en el Estado

17 Agosto 2022
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 A pesar de que en la entidad más del 65.2 por ciento de los habitantes de Yucatán se consideran indígenas, el acceso a la justicia es una de las muestras del racismo institucional y estructural que enfrentan los mayahablantes en la entidad, pues de los 70  defensores de oficio, solamente 10 hablan la lengua materna que predomina en el Estado.

Lo anterior fue una de las principales preocupaciones encontradas dentro del diagnóstico “Los Efectos del Racismo en el Acceso a la Justicia de las Comunidades y Pueblos Indigenas de Yucatán, Campeche y Oaxaca” presentado por Lorena Ildefonsa Pool Balam, Tomás López Sarabia y Judith Bautista Pérez, integrantes de la asociación civil Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, los especialistas presentaron dicho estudio, el cual además de diagnosticar el problema, propone un Plan de Incidencia Antirracista para que los pueblos originarios de las tres entidades federativas donde se realizó dicho estudio atiendan esa problemática.

Al hacer uso de la palabra, Bautista Pérez señaló que uno de los principales rostros del racismo en la impartición de justicia que se ve reflejado en la persecución de delito de peculado, donde la mayor parte de las denuncias, son de mujeres indígenas que son acusadas de ese delito debido a su condición de vulnerabilidad.

Sin embargo, no ofreció cifras sobre dicho tema que aseguró resulta preocupante según lo analizado en el diagnóstico.

En el documento presentado, los integrantes de dicha asociación señalaron que gran parte de la población que se considera indígena se encuentra a distancias de hasta 100 kilómetros de esos lugares, lo cual vulnera su acceso a la justicia.

"La distancia es uno de los factores que dificulta el acceso a la justicia a través de estas instancias para la resolución de algún problema, además de la falta de transporte público accesible y los gastos de traslado que hacen mella en la economía familiar”, cita el texto.

En el diagnóstico también se establece que en los municipios de regiones  con mayor densidad de población indígenas, hay menos acceso a los servicios y a las instancias de impartición de justicia. 

Por su parte, Tomás López comentó que si bien, es necesaria una reforma de “gran calado” a la Constitución Política del país, en materia de derechos de los pueblos originarios, México está muy lejos de cumplir cabalmente con los derechos de los indígenas.

Finalmente, Pool Balam anunció que además de los trabajos que realizaron en días pasados con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) harán actividades en comunidades mayas de los municipios de Chankom y Tizimín, la presente semana.

 


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