En un comunicado, informó que en los seis casos la Codhey en cuatro años abrió expedientes: 79/2014 y 13/2017, por muertes en la cárcel de Umán; 116/2016, en Temax; 22/2017, en Dzidzantún; 107/2018, en Baca; y 08/2018 en Teabo.
En la misiva se indica que entre los siete puntos recomendatorios, se hace especial énfasis en las acciones tendientes a procurar la vigilancia continua en las celdas de las cárceles municipales para impedir que las personas detenidas realicen actos que puedan atentar contra su integridad personal o su vida y/o de las demás personas detenidas.
En el oficio enviado a cada uno de los 106 cabildos, se recordó que desde 2014, año en el que se emitió la recomendación general a la presente fecha, se han documentado seis quejas ante este organismo por fallecimientos en cárceles públicas.
Además, se solicita adoptar programas de prevención de suicidios, así como garantizar que todos los fallecimientos, sin importar la causa, sean investigados a fin de establecer la responsabilidad penal de los autores.
El secretario ejecutivo y encargado de la Codhey, Miguel Óscar Sabido Santana exhortó a las autoridades municipales a cumplir con lo señalado en la recomendación a fin de garantizar la seguridad y dignidad de las personas detenidas.
A las autoridades electas que asumirán el cargo en las próximas semanas, los invitó a acercarse a la Codhey para trabajar de manera coordinada la capacitación de los agentes de las policías así como los requerimientos para cumplir con las condiciones básicas que se requiere para el funcionamiento de las cárceles públicas.
Los siete puntos señalados en la recomendación son: adoptar medidas necesarias para salvaguardar la salud de los detenidos; proveer los medios y elementos necesarios para contar con las bitácoras de registro; procurar la existencia de personal suficiente y con vigilancia continua para evitar que las personas detenidas en las celdas realicen actos que atenten contra su integridad personal o su vida y/o de las demás personas detenidas.
Asimismo, se pide brindar capacitación al personal que intervenga en la custodia o trato de las personas detenidas; así como respetar a las personas detenidas, atender las condiciones estructurales, sanitarias y de higiene de las cárceles municipales, evitando el hacinamiento y la separación de las personas detenidas de acuerdo a su sexo y edad.
