Con carestía en el insumo energético debido al uso de carburantes derivados del petróleo por parte de la principal subsidiaria gubernamental (CFE), la operación de las primeras plantas eólicas y fotovoltaicas deberán dar un respiro al sector empresarial y comercial que han insistido en la reducción de tarifas eléctricas.
Ernesto Herrera Novelo, secretario de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet), informó que las dos empresas establecidas en las inmediaciones de la comisaría de San Ignacio, en la carretera Mérida-Progreso y otra más en Ticul estarán generando 150 megawatts este 2019, que se elevarán a 250 en el primer semestre de 2020.
Se trata de los dos primeros proyectos de un total de 22 que se estarán generando un total de 25 por ciento de energía en todo el estado.
Los otros 20 restantes están completando los procesos de consulta, en algunos casos se han establecido prórrogas para el inicio de operaciones por lo que se espera que este mismo año otras plantas inicien sus trabajos para poder "subir" energía a la red de la CFE.
El titular de la Sefoet destacó que las obras del parque eólico de Dzilam de Bravo también están terminadas y se espera fecha para poder concretar el inicio de actividades.
"En total, las cuatro primeras empresas de energías alternativas aportarán unos 200 megawatts que subirán a las redes de Comisión Federal de Electricidad (CFE) a partir de este año", comentó.
Herrera Novelo reiteró que el consumo de energía eléctrica en Yucatán es de alrededor de 900 megawatts.
La generación de energías limpias a través de estas plantas eólicas y fotovoltaicas, permitirán disponer de la capacidad suficiente para alimentar a las empresas que se están instalando en el estado y completar la previsión para el desarrollo de la Zona Económica Especial (ZEE) en Puerto Progreso.
"Algunas plantas de energías ya están listas, pero debido a que no completaron sus procesos de consulta social, no han obtenido sus permisos para iniciar sus actividades y por ello se avanza en este ejercicio de forma tal que puedan completar sus condiciones legales", agregó.
Dijo que el 98 por ciento de la generación de energía que lleva a cabo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la realiza por medio del combustóleo, lo que encarece y traslada el costo para las empresas comerciales.
NO TODOS ESTÁN CONFORMES
El propio titular de Sefoet señaló que el inicio de estas plantas podrá darse de manera paulatina a corto y mediano plazo, una vez que completen sus procesos y obtengan sus permisos para funcionamiento por parte del gobierno federal.
Sin embargo, el proceso no ha sido fácil y tampoco transparente. En septiembre pasado se registraron hechos de violencia en la población de Muna, debido a la polarización entre los ejidatarios por la instalación de estas plantas de energía en el que dos personas resultaron con lesiones por machete.
Las presiones y abusos contra los campesinos opositores a la instalación de la planta de energía solar han derivado en agresiones con armas entre los habitantes de este municipio.
La denuncia pública se presentó en el Foro Gobernanza Territorial para la Sostenibilidad, que se realizó en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Ahí, María Jesús Ch. P., denunció la injerencia de las empresas trasnacionales para presionar a los campesinos a validar los proyectos.
María Jesús Ch. P. expuso que en el caso de la planta Ticul I y II se instalaron un millón 400 mil paneles solares y, para ello, se deforestaron unas 800 hectáreas de selva baja, ocasionado serios conflictos entre quienes aprueban el proyecto y los oponentes. Se espera que dicha granja solar aporte 500 megawatts, lo que la convertiría en la más grande de Latinoamérica.
INVERSIONES ENERGÉTICAS
Herrera Novelo apuntó que las empresas fotovoltaicas están ubicadas en la zona oriente del estado, específicamente en Dzilam de Bravo y Tizimín, pero también en el centro del estado, en los municipios de Muna y Ticul y otra más en Progreso.
Para 2020, Yucatán podrá contar con el abastecimiento total de energía que demanda, a través de los 22 proyectos alternativos, entre solar y eólica, que funcionarán en el estado.
La inversión para estos proyectos será de 25 mil 390 millones de pesos, que además generaría unos tres mil nuevos empleos directos y unos mil 500 indirectos, aportará beneficios a las comunidades y cabeceras municipales, ya que, entre los convenios de empresas y ejidatarios, se establece la creación de bibliotecas, dotación de servicios informáticos y espacios de culturales en dichas poblaciones.
Las firmas internacionales que participan en estas inversiones son Photoemeris Sustentable (México), Aldesa Energías Renovables (España), Consorcio Energía Limpia (Perú), Vega Solar (India), Jinko Solar (China) y Energía Solar de la Península, capital mixto entre empresarios extranjeros y yucatecos.
LLAMADO A LA SUSTENTABILIDAD
De esta manera, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó a Yucatán, 22 permisos a empresas extranjeras para la generación de electricidad (10 parques solares y 12 eólicos).
De acuerdo con el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), y con el Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (Piirce), se estima que durante el período 2018-2032, en la región peninsular se instalarán un total de 32 proyectos, 21 parques eólicos y 11 fotovoltaicos.
El investigador Heinrick Boll Stiftung, en un artículo denominado "México y el Caribe, la Transición Energética de Yucatán", establece que "la región biocultural del estado es mundialmente reconocida por su rica biodiversidad, pero también por su alto grado de vulnerabilidad".
"El alto potencial de sus recursos eólicos y de radiación solar para la generación de electricidad a gran escala era, hasta hace poco, una característica escasamente conocida".
Sin embargo, con la apertura del mercado energético nacional a actores privados, a la inversión extranjera, y a raíz de la actual Reforma Energética, se convirtió en menos de dos años en un fuerte polo de desarrollo de parques solares y eólicos de gran escala que ya vislumbran un panorama problemático que compromete la sostenibilidad territorial y viola los derechos humanos.
El modelo nacional de Transición Energética (TE), promovido con instrumentos tales como las llamadas Subastas de Largo Plazo, prioriza su diseño en criterios financieros y técnicos (ofertas de precios más bajos en las licitaciones, disponibilidad de un alto potencial de recursos renovables, demanda de generación eléctrica en las regiones del país, etc.), y deja fuera la integración de normas sociales, ambientales y culturales, necesarios para el propio sostén de la TE.
Lo anterior ya se observa en la acelerada y masiva implementación de la TE en Yucatán.
Tan solo en 2016, la mitad de los 18 contratos ganadores de la primera subasta del país se adjudicaron al estado sin considerar su bioculturalidad y capacidad de carga, respondiendo sólo a factores como los costos de generación y el déficit de eléctrica a nivel peninsular.
Con todo esto, el panorama de la transformación energética de Yucatán se vislumbra como un paso necesario, pero debidamente cuidado y supervisado, ya que las condiciones que se establecen para la sostenibilidad de la vida comunitaria de los ejidatarios mayas, el factor de la sustentabilidad y los mecanismos de la implementación de plantas de energía que aporten beneficios reales a las poblaciones indígenas deberán ser rubros cuidados, rumbo al desarrollo que reclama el estado. (ACOM)
