En entrevista, aseguró que ya fueron abiertas las respectivas carpetas de investigación que permitirá el esclarecimiento de los hechos o en su caso sustentar el ejercicio de la acción legal en contra de los probables autores, copartícipes y la reparación del daño si ésta llegara aplicarse.
“Desde luego, entre las líneas de acción van a estar las testimoniales, las periciales, las patrimoniales, estados financieros, los dictámenes, en su caso también los procesos administrativos que se habían instaurado y lo que es importante también señalar es que no existe un plazo determinado, tanto el Código Penal del Estado como el Código Nacional de Procedimientos no señalan algún plazo para las investigaciones que iniciaron”, ahondó.
Rechazó hablar al “tanteo” sobre posibles penas de cárcel en contra de algún ex funcionario, toda vez que es importante que las investigaciones logren determinar “el esclarecimiento de los hechos o sustentar el ejercicio de la acción penal contra los probables autores”.
Aclaró que hasta el momento el proceso no se encuentra judicializado, toda vez que se da lectura a todas las denuncias presentadas para solicitar la información necesaria para proceder en consecuencia.
“Aquí lo importante es señalar es que el Código estatal y el Código nacional de Procedimientos no señala un término para las investigaciones inicial, más que la propia prescripción del delito que en ningún caso podrá ser menor a tres años”, dijo.
Finalmente, rechazó que exista conflicto de intereses en la investigación, toda vez que su anterior encomienda fue en un organismo público descentralizado como lo es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).
“Es un tema de legalidad y debido proceso, independientemente de donde yo vengo que es de la Comisión de Derechos Humanos que es un organismo autónomo, no vengo del Poder Ejecutivo anterior, aquí es un tema de legalidad, de debido proceso y de investigar siempre con base en la presunción de inocencia, con respeto pleno por los derechos humanos”, finalizó.
