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Parques eólicos, entre la corrupción y la complicidad

09 Noviembre 2017
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 Comisarios ejidales de Motul, Cansahcab, Sinanché y Ejidatarios de Suma, denunciaron que empresas transnacionales en complicidad con autoridades federales, han obtenido autorizaciones amañadas para despojar a cientos de ejidatarios de miles de hectáreas para llevar a cabo los proyectos “Parque Eólico Chacabal, Parque Eólico Chacabal II; Parque Eólico Sinanché y Parque Eólico Cansahcab”.

En rueda de prensa, los afectados denunciaron el contubernio que existe entre la sociedad Aldesa Energías Renovables de México, S.A. de C.V., Aldener ADM, S.A. de C.V., Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, S. de R.L. de C.V. y BHCE Yucatán 1, S.A.P.I de C.V., con autoridades de la Procuraduría Agraria de Yucatán y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Yucatán, encabezadas por Omar Corzo Olán y Jorge Carlos Berlín Montero, respectivamente.

Denunciaron los arrendamientos y usufructos por un plazo de 30 años, prorrogables por otros dos períodos de 30 años cada uno, es decir, 90 años, de miles de hectáreas en las poblaciones de Motul, Cansahcab, Sinanché, Suma, entre otros, se han realizado con contratos amañados y que sólo convienen a sus intereses, ya que no son transparentes y a todas luces constituyen un robo de las tierras ejidales mediante engaños y actos fuera de la ley.

Revelaron que existe una resolución administrativa, emitida por la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Superior de Justicia Administrativa para suspender los trabajos de los proyectos  “Parque Eólico Chacabal y Parque Eólico Chacabal II”.

Indicaron que mediante argucias legales, las empresas antes señaladas, han obtenido los permisos para iniciar con la construcción de las plantas eólicas e incluso han intentado sobornar autoridades ejidales.

Insistieron que con engaños y sobornos estas empresas de capital extranjero, han obtenido contratos de arrendamiento y usufructo de miles de hectáreas de tierras ejidales, pagando 30 pesos por ejidatario, contratos de los cuales los ejidatarios ni siquiera tienen copia alguna que les permita conocer las cláusulas con las que fueron cedidas sus tierras.

Afirmaron que una de las comisarías más afectadas es el caso de Sinanché, donde la empresa obtuvo el arrendamiento primero de mil 87 hectáreas, y luego de otras 857 hectáreas por 30 años con prórroga de otros 30 años; por lo que el comisariado ya interpuso una demanda de nulidad, ya que el contrato se obtuvo en una asamblea.


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