En un comunicado, el organismo autónomo, informó que ayer, un familiar del fallecido se comunicó a la Codhey para exponer los hechos, por lo cual se inició una queja. Personal de la delegación de Tekax acompañó a los familiares a interponer una denuncia ante el Ministerio Público.
El presidente de Codhey, Miguel Óscar Sabido Santana, lamentó que esta situación detonara expresiones de violencia en el municipio, donde se puso en riesgo la integridad de los manifestantes y se destruyó el patrimonio de la comunidad.
Sabido Santana puntualizó que comparte la indignación de la población por la lamentable muerte del detenido, pero reiteró que la violencia nunca será la vía para solucionar los problemas.
Dijo que durante el año pasado, se tuvo un registro de siete fallecimientos en las cárceles públicas, los cuales ocurrieron en: Baca, Umán, Mérida, Hunucmá, Tahmek y Teabo; y en lo que va del año, ya se registraron dos casos, uno en Tekantó y el más reciente en Oxkutzcab.
De los nueve casos registrados, fueron reportados como suicidios los ocurridos en Baca, Umán, Tahmek, Teabo y Oxkutzcab. Todos se encuentran en proceso de investigación.
Reiteró que las personas que se encuentran detenidas quedan bajo responsabilidad de las autoridades, por lo que en todo momento deben tener vigilancia a fin de evitar que cometan algún acto que atente contra la integridad de otro detenido o intenten privarse de la vida.
Incluso, recordó que en 2014, se emitió una Recomendación General sobre la situación de los Derechos Humanos de los detenidos en las cárceles municipales de Yucatán.
Informó que la Codhey ha redoblado esfuerzos para capacitar a los policías municipales y se ha logrado cubrir, en lo que va del año, a más del 70 por ciento de los municipios. En las capacitaciones, además del conocimiento de los derechos, se les informa a los agentes, de manera teórica y práctica sobre el uso de la fuerza así como los procedimientos administrativos y de vigilancia de las cárceles.
Sabido Santana hizo un llamado a los alcaldes a priorizar la vigilancia de los detenidos en las cárceles a fin de garantizar su seguridad durante el tiempo que estén bajo su resguardo y responsabilidad.
