En este esquema heredado de gobiernos anteriores, la quiebra total se registrará en 2021, poniendo en gravísimo riesgo las prestaciones de trabajadores, jubilados y pensionados. Esta administración estatal está obligada a tomar medidas contundentes para evitar ese colapso.
El orden administrativo que ha caracterizado a este gobierno no es suficiente: se requieren más acciones. Así de grave es la situación heredada. Una de estas acciones es la iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado. Esta norma en Yucatán había estado rezagada, y el mal estado de las finanzas del Isstey son en parte las consecuencias.
Las adecuaciones a la Ley que propone este Ejecutivo estatal ya las puso en práctica, desde hace años, la mayoría de las entidades federativas y también fueron aplicadas a la norma federal. Gran parte de las leyes estatales y la federal calculan las pensiones usando la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
La iniciativa para modernizar la ley yucateca y homologarla a la de la mayoría de los estados y la federal fue presentada al Congreso estatal el 19 de agosto de 2019. Sin embargo, se enviaría de nuevo, con actualizaciones, ya que un mes después, el 20 de septiembre de 2019, se publicó la jurisprudencia 2020651, que modifica precisamente medidas de cálculos para pensiones.
Aún así, estas modificaciones a la Ley no bastan. La actual administración estatal continúa evaluando otras alternativas para hacer frente a la inminente quiebra. Todos los esfuerzos son necesarios para defender las prestaciones de trabajadores, jubilados y pensionados del Estado.
