De acuerdo con el activista y abogado, Carlos Escoffié Duarte, esta orden se da como medida cautelar en el marco del juicio de amparo promovido por la comunidad maya y los avecindados de la misma.
Recordó que en marzo de 2019, la comunidad maya de San Antonio Chel presentó una demanda de amparo en contra de la granja que opera en su territorio, debido a la contaminación con excremento de cientos de vacas que genera en el agua ubicada en el manto freático.
“La granja se encuentra justo encima de un sistema de ríos de subterráneos que abastece cenotes y pozos de la zona. La contaminación fue resentida por los pobladores de la zona, primero por los olores, y luego por muestras de agua que demostraron la presencia de la peligrosa bacteria e. coli en el agua subterránea de los alrededores”, dijo.
Indicó que después de varios meses de espera, el Juzgado Segundo de Distrito concedió a la comunidad de San Antonio Chel una medida cautelar para efectos de que el Ayuntamiento de Hunucmá, la Comisión Nacional del Agua y Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán para que en el plazo improrrogable de tres días verifiquen la granja y si están incumpliendo medidas ambientales, con el objeto de decidir si es factible o no la continuación de la operación de la granja de mérito”, sostuvo.
Escoffié Duarte señaló que la decisión es un gran paso para la comunidad, toda vez que el juez advierte que la granja no cuenta con todos los permisos, que existe un alto riesgo ambiental en la zona y que efectivamente las autoridades demandadas no han cumplido con sus obligaciones de supervisión y control.
Ahondó que en su resolución, el juez federal indica que esta falta de permisos implica “un alto riesgo de que el medio ambiente de la comunidad·
“Al igual que Homún, Kinchil y Hampolol, el caso de San Antonio Chel demuestra la crisis ambiental que se vive en Yucatán”, enfatizó Carlos Escoffié.
“El modelo de desarrollo a partir de mega granja está comprometiendo la supervivencia ambiental de las generaciones presentes y de las futuras”, comentó.
Por su parte, Guillermo Solís Guillermo, también abogado de la comunidad, informó que “el juez señala en su resolución que la granja está funcionando sin los permisos requeridos, por lo cual es muy probable que cuando las autoridades fiscalicen la granja procedan a su clausura”.
Además, el juez multó al municipio de Hunucmá por negarse a rendir informes y a otorgar la información que el Juez le requirió en distintas ocasiones.
El juicio sigue en trámite y será resuelto por el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Yucatán en los próximos meses.
