La Unión de Pobladores y Avecindados de la Comunidad de San Antonio Chel dieron a conocer que la SDS ordenó la suspensión de las actividades de la granja para el efecto de que “se abstenga de ingresar nuevo ganado vacuno para proceso de engorda”, ademas de que que una vez terminado dicho proceso no podrán ingresar nuevas vacas hasta que cumplan con una catálogo de requisitos.
Lo anterior en virtud de que, tras una visita de inspección de la SDS, se acreditó que la granja operaba con un gran número de irregularidades y falta de control para evitar daños al medio ambiente.
Entre los diez requisitos que deberá cumplir la granja para poder operar regularmente se encuentra instalar un sistema de tratamiento de aguas residuales, así como un biodigestor de geomembrana y una laguna de oxidación de 17 metros.
Los abogados de la comunidad, Carlos Escoffié Duarte y Guillermo Solís Guillermo, informaron que el pasado 16 de octubre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó a la granja de manera repentina los permisos para tratamiento de agua de los cuales carecía desde que inició sus operaciones.
Señalaron que ninguno de estos permisos fueron otorgados con estudios y análisis de la situación actual de la granja, y mucho menos fueron informados y consultados con la comunidad maya de San Antonio Chel.
Cecilio Bacab, habitante de San Antonio Chel, señaló que los permisos dados por Conagua “de la noche a la mañana” parecieran un intento por defender los intereses del complejo de más de 900 vacas que se encuentra vertiendo agua con excremento en el sistema de cenotes de la zona. “La Conagua sabía del caso y no hizo nada, pero ahora dicen que les dieron todos los permisos sin haber venido a comprobar cómo están contaminando”.
La Unión de Pobladores también anunció que el juez Segundo de Distrito en Yucatán resolvió que la Conagua no dio pruebas de que el dictamen para dar los permisos se hubiese elaborado tomando en consideración las condiciones actuales que imperan en la granja, razón por la cual le dio a dicha instancia un plazo de tres días pasa aclarar esa situación.
Asimismo, se dio a conocer por parte del Ayuntamiento de Hunucmá, continúa en total desacato de la suspensión ordenada por el Juzgado de Distrito. Además, señalaron que la decisión de la SDS es un gran paso para la defensa de la comunidad de San Antonio Chel, pero debe dársele seguimiento a la implementación de la medida, por lo que el Gobierno de Yucatán debería contar con un inventario de las vacas para acreditar que, efectivamente, no se están ingresando nuevas cabezas hasta que no cumplan con las medidas ordenadas.
