A pesar de la participación de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), desde 2017 como observador, las dependencias federales como la Secretaría de Energía y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI, antes CDI) fueron señalados por los ejidatarios presentes de permitir el despojo de tierras y la falta de consulta indígena previa, libre e informada.
En rueda de prensa, Chi Domínguez señaló que se les engañó en un principio al decirles que las tierras servirían para sembrar stevia y limón. Sin embargo, en realidad fueron para establecer más de un millón de paneles solares en 300 hectáreas de las empresas Vega Solar-Sun Power.
“La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se muestra a su favor, ya que ignoran la biodiversidad de dichas zonas”, manifestó.
Por su parte, Gabriela Torres-Mazuera, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), declaró que “el negocio solo es negocio cuando le pagas una miseria a los ejidatarios”. “Las tierras se venden entre uno y dos pesos por metro cuadrado, cuando los megaproyectos aprovechan la especulación y los precios se inflan”, expresó.
Afirmó que los pagos que les dan no tienen registro, son diferenciados, en billetes de baja denominación y sin seguimiento, por lo que se individualizan y se pierden.
José Aurelio Mugarte Xool, del ejido de San José Tipceh, en Muna, indicó que “no se hizo nada de la consulta indígena” por parte del intermediario. No les dijeron del megaproyecto de energía solar y, al descubrirlo, les dijeron que pagarían las tierras.
El pago fue de 3 millones 200 mil pesos entre 102 ejidatarios por 30 años, es decir, menos de 30 mil pesos por cada uno durante las tres décadas de arrendamiento de tierras.
Afirmó que quienes están a favor de la defensa del territorio han recibido amenazas de ser macheteados y baleados, por lo cual han acudido al Ministerio Público para realizar la denuncia correspondiente.
Yadira Burgos Villanueva, de Sacalum, expresó que con la venta de tierras las comunidades son divididas, ya que unos quieren que ocurra y otros se niegan. Comentó que llega gente a realizar las visitas domiciliarias para que otorguen apoyo a cambio de las firmas que permitan iniciar los proyectos. (Paul Antonie Matos)
