Luis Borjas Romero (PRI) señaló que el nuevo producto legislativo tiene el propósito de castigar las conductas que alteren o induzcan a la pérdida de información o intervenir las comunicaciones privadas; así como el robo de la información almacenada en equipos o sistemas informáticos protegidos.
“Se considera como delito informático la conducta humana ilícita que jurídicamente es reprobable; ya que busca dolosamente por una parte transgredir bienes jurídicos relacionados con la informática, en sus aspectos lógicos y físicos, y por otra atentar y limitar los derechos y libertades individuales fundamentales”, agregó.
En su turno, Paulina Viana Gómez (PAN) indicó que en la actualidad, los medios tecnológicos son ya una de las principales vías de la delincuencia para obtener ingresos de forma ilícita e información personal de los usuarios, afectando de esta forma el patrimonio que con mucho esfuerzo han construido los ciudadanos; al igual que se puede llegar a dañar la integridad física y emocional de las personas, pudiendo ser víctimas de delitos como trata de personas, abuso sexual, extorsión, acoso, fraude, robo, secuestro, entre otros.
"Estamos en la era digital, las maneras de delinquir han cambiado y seguirán haciéndolo, por lo que el marco jurídico de nuestro estado debe encontrarse siempre a la vanguardia, ser innovador, eficiente y con sanciones más severas, que afronten con toda seriedad las nuevas modalidades que se emplean hoy en día para cometer un delito”, expresó.
