En septiembre de 2019, Elvia presentó una demanda de amparo en contra de la Escuela Primaria “Rodolfo Menéndez de la Peña” por negarse a trasladar su grupo a planta baja, debido a que los médicos le habían indicado que no debía subir escaleras para evitar daños irreparables a su salud. Elvia, niña de talla baja, vive con hipocondroplasia y genu varu, presentando un arqueamiento en las rodillas que le produce dolor sobre todo al subir escaleras.
A pesar de las solicitudes de Elvia y su madre, el director de la Escuela, Jorge Gamboa Escalante, así como el personal de Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (Usaer) se negaron a adoptar ajustes razonables, minimizando la situación e incluso limitándose a ofrecerle repetir un año que ya había cursado para estar en planta baja.
La juez Cuarto de Distrito con sede en Yucatán emitió una sentencia en la cual reconoció que Elvia, al ser persona de talla baja, pertenecía a un grupo históricamente discriminado. Además, ordenó a la escuela adoptar todas las medidas necesarias, incluyendo de infraestructura, para que ni ella, ni ninguna otra persona con discapacidad en esa escuela vean obstaculizado su derecho a la educación por motivo de discapacidad. Asimismo, ordenó realizar talleres de sensibilización al personal de la escuela.
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) se negó a acatar la sentencia y presentó un recurso de revisión, argumentando que no se había discriminado a Elvia y que se había instalado rampas en la escuela.
“Elvia no usa silla de ruedas por lo que no tiene relación con su problema, además de que eso no cambia el hecho de que debe subir varios escalones para llegar hasta su escuela”, señaló Ángeles Cruz Rosel, abogada del caso. “No podemos asumir que todas las personas con discapacidad son iguales y que solo con rampas se resuelve el problema, ya que Elvia sí puede caminar con cuidado, pero lo que no puede es subir escaleras”.
La Primera Sala de la SCJN resolverá el caso en los próximos meses, definiendo si la sentencia de la juez Cuarto de Distrito es correcta y por lo tanto si el Gobierno del Estado está obligado a acatarla.
“Este caso podría dejar importantes precedentes en materia de discapacidad e instalaciones educativas, dejando las bases para resolver otros caso que puedan darse”, señaló Kalycho Escoffié, también parte del equipo legal. “También es la primera vez que la Suprema Corte analizará un caso de discriminación hacia una persona de talla baja”, señaló.
