Mediante un comunicado de prensa asesores jurídicos de esa comunidad maya hablante precisaron que,en marzo de 2019 la comunidad de San Antonio Chel y avecindados presentaron un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán (SDS), el Municipio de Hunucmá y de la Comisión Nacional del Agua por permitir que la granja de Yuca Agroalimentos opere sin permisos y a sabiendas de que vertía desechos de ganado a los rios subterraneos que se encuentran bajo sus instalaciones. Tal y como se acreditó durante el juicio, el complejo de mil vacas almacenaba clandestinamente cerros de excremento en los montes.
En el documento se establece que l 11 de octubre de 2019, el Juzgado Segundo concluyó que existía “un alto riesgo de que el medio ambiente de la comunidad pueda verse afectado” por lo que ordenó como medida cautelar que las autoridades interviniesen y realicen inspecciones a las actividades de la granja. Como resultado de la orden judicial, la SDS ordenó el cierre del complejo. Por su parte, el Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la CONAGUA no realizó la inspección y concedió en un solo acto todos los permisos de perforación de pozos y descargas a la empresa, a pesar de no cumplir con los requisitos.
A pesar de esto, el pasado 15 de diciembre de 2020 el Juzgado decidió sobreseer el caso, lo que significa que lo da por concluido sin pronunciarse acerca de si las autoridades violaron o no los derechos humanos. En su decisión, el Juzgado argumentó que las violaciones habían cesado porque la granja se encontraba cerrada. La decisión generó inconformidad entre los pobladores debido a que los permisos de CONAGUA siguen vigentes y la granja podría intentar el reinicio de sus operaciones.
“Al sobreseer el juicio el Juzgado no se pronuncia sobre las violaciones a derechos, ni considera los daños ya ocasionados que deben de repararse”, indicó Carlos Escoffié Duarte , quien asesora legalmente a la comunidad.
El asesor califico como absurda la decisión porque si la granja está cerrada es porque el juzgado otorgó la suspensión como medida cautelar, pero sin el juicio esa medida se pierde”,
Guillermo Solís, también abogado de la comunidad,comunidad, ahondó que presentaron un recurso de revisión para revertir la resolución, el cual sería resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Yucatán.
“Los casos de violaciones al medio ambiente no se resuelven solo parando las actividades, sino también evaluando los daños ocasionados y ordenando a las autoridades que establezcan las sanciones que correspondan”, señaló el abogado.
Los habitantes de San Antonio Chel reportan que aunque la granja está cerrada el olor a excremento en el agua regresa durante las lluvias, por lo que temen que el agua que utilizan siga contaminada. “Se han ido las vacas, pero el problema sigue”, dijo Cecilio Bacab de la comunidad. “
