En una inusual rueda de prensa, María Cristina Martín Rosado, vocera de los inconformes, acompañada por integrantes de Indignación y ejidatarios de Homún, expuso los detalles de la defensa que realizan a los recursos naturales y a la autodeterminación del pueblo maya.
Recordó que el ecosistema tan delicado fue protegido por el Decreto 117, el cual fue firmado por el gobernador Rolando Zapata Bello y el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Eduardo Batllori Sampredo en 2013 y que establece el área natural protegida denominada Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, del cual se extrae el 42 por ciento del agua que se aprovecha en el estado y el 19 por ciento del total en la Península de Yucatán.
Dijo que este mismo documento explica que la constitución geológica del acuífero, muy poroso y permeable, determina una alta vulnerabilidad a la contaminación proveniente de las aguas residuales agropecuarias e industriales.
Advirtió a construcción de la mencionada mega granja porcícola podría poner en alto riesgo de contaminación el suministro de agua del Anillo de Cenotes, así como las aguas de las lagunas de Yalahau, lo que pone en peligro el acceso al agua para toda la zona metropolitana de la capital yucateca, así como el bienestar económico de Homún, la flora, fauna y las aguas de dichas reservas.
“Queremos dejar constancia, que de acuerdo a la información declarada por especialistas en derecho e impacto ambiental, el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado a Seduma para la aprobación del mencionado proyecto, cuenta con irregularidades administrativas y legales que fueron pasadas por alto, al igual que el grave hecho de que el mismo documento niega que en la zona de Homún haya pueblos originarios”, dijo.
Abundó que esa acción implica que el Ejecutivo estatal le está negando a un pueblo originario su propia identidad y deja en evidencia que los planes y estrategias para el desarrollo del estado no toman en cuenta el derecho de los pueblos indígenas a su autodeterminación y al manejo de sus propios recursos naturales en concordancia con sus usos y costumbres.
“El Ejecutivo estatal ha intentado eximirse de dicha responsabilidad aludiendo que el permiso de uso de suelo para la construcción de la megagranja fue firmado por el representante de cabildo de la comunidad. Sin embargo, dicha decisión fue realizada sin consulta popular, por lo que los pobladores de Homún le exigieron al cabildo la revocación de dicho permiso y realizaron una autoconsulta donde la mayoría resultante manifestó rechazo al mega proyecto”, estableció.
Comentó que Batllori Sampedro asegura que la granja no tendrá un impacto negativo en el ambiente ya que se le ha solicitado a la empresa que ponga una planta de tratamiento de aguas residuales además de los biodigestores que ponen la mayoría de las granjas, sin embargo, el especialista, Virgilio Góngora, afirma que la MIA “no tiene sustento bibliográfico ni científico, y sólo deja en evidencia el potencial contaminante del proyecto en la Reserva Geohidrológica”.
“Queremos señalar como reprobatorias las formas en que el Eduardo Batllori se ha referido a la comunidad indígena de Homún, refiriendo a la supuesta ignorancia de los métodos modernos de procesamiento de aguas residuales de parte de los pobladores y desconociendo por completo las justas exigencias que tienen como comunidad”, estableció.
Reprobó que el funcionario estatal se refiera a la comunidad yucateca que se ha sumado a esta causa como personas “desinformadas”, ya que con ello ofende e invalida la voz de un pueblo que no pide más que lo que dicta la ley.
Finalmente, la vocera del movimiento solicitó a los poderes Ejecutivo y Judicial del estado que hagan cumplir lo que la ley dicta y respondan a los tratados internacionales de los cuales México forma parte y que establecen la protección de estas áreas naturales.
