En rueda de prensa, señaló que derivado de la preocupación por las acciones del gobierno federal que presentó y promovió en el Congreso de la Unión, la Ley de Seguridad Interior, que legaliza y da autoridad del Ejército para patrullar las ciudades en tareas orden público en tiempos de paz, se presentó el recurso legal.
“Como ciudadanos organizados y preocupados por esta ley, promovimos una demanda de amparo colectivo en contra de ésta que ya fue apoyada por el rebaño de diputados y senadores de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, con sus apéndices del Verde Ecologista de México y Nueva Alianza”, expuso.
Precisó que dicha ley solo legitima y perpetúa lo que discrecionalmente las fuerzas armadas ya practican desde hace más de una década que ha derivado en más de 150 mil muertos y más de 30 mil desparecidos.
Acusó a los gobiernos panistas, Felipe Calderón Hinojosa y al priista Enrique Peña Nieto, de ser los culpables de tal saldo rojo derivado de la lucha “falaz” en contra del narcotráfico.
Dijo que con base a investigaciones realizadas por Rodrigo Gutiérrez Rivas, coordinador del área de derechos humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no tiene sustento teórico el uso desproporcionado de la fuerza mortal, ya que cuando participa el Ejercito, el índice de muertes es de 9.1 por cada lesionado, mientras que el de la Marina es de 17.3 muertos por herido.
Finalmente, aseguró que el amparo promovido es por la violación del artículo dos y particularmente del capítulo uno en sus artículos uno, seis, nueve y 16 que se refieren a los derechos humanos y sus garantías.
