De visita a la capital yucateca para participar en el X Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales, el funcionario federal aseguró que las acciones penales emprendidas contra ciudadanos que han incurrido en este delito han disminuido su incidencia.
Díaz-Santana Castaño también participó en la firma de compromisos en materia electoral entre la Fepade y el Gobierno del Estado, que se llevó a cabo en el auditorio de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El fiscal en delitos electorales, elegido apenas en diciembre del 2017, aseguró que las denuncias que se presentan por el llamado turismo electoral acaparan más del 60 por ciento de los casos que atiende la oficina bajo su mando.
“Fepade, de las denuncias que atiende entre lo que le llaman ‘turismo electoral’ y alteración de credencial de elector es el 83 por ciento de su carga de trabajo y el fenómeno con mayor incidencia es el de cambiar domicilio o alterarlo de manera dolosa”, detalló.
Señaló que varios de los casos que tiene la Fepade en investigación están ya judicializados, uno de ellos derivó en la indagatoria a mil 200 personas que generaron 800 órdenes de arresto meses atrás.
“El tema de trabajar estas denuncias es que ha ayudado a disminuir este tipo de incidentes, porque al cierre del proceso dada de alta en el padrón electoral, el fenómeno de cierta manera ha bajado”, ahondó.
Indicó que el “turismo electoral” que en un principio era consecuencia de la marginalidad social, ahora quienes piensen en realizarlo saben que tendrán un castigo, por lo que sumado a otras acciones preventivas, se logró inhibir dicha práctica.
“El problema es que a la gente de condición pobre, cuánto le pueden dar por cambiar su domicilio, pero ya que están inmersos en un proceso judicial no tienen ni siquiera el dinero para pagar su defensa”, finalizó.
