A una semana que el Gobierno del Estado junto con organizaciones de la sociedad civil recibieran la recomendación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que propició la solicitud de Alerta de Violencia de Género, colectivos de la sociedad civil exigieron a la autoridad estatal que anuncie de inmediato cómo, cuándo, dónde y con qué se empezaría a trabajar.

En rueda de prensa, Adelaida Salas Salazar, Nancy Walker Olvera, Bertha Elena Murgía, Ligia Vera Gamboa y Gina Villagómez Valdés, presentaron 10 puntos que a su parecer deben ser atendidos de manera inmediata por parte del gobierno estatal.

Las activistas e investigadoras indicaron la necesidad de diseñar e implementar un programa de profesionalización a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres desde un enfoque de género e interculturalidad.

“Este debe ser supervisado y evaluable. Igualmente se recomienda incorporar al Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio a aquellas OSC cuyos perfiles y experiencia se encuentren estrechamente vinculadas a los derechos humanos de las mujeres y la perspectiva de género”, indicaron.

 Propusieron la creación en conjunto con todas las instancias involucradas en  la atención y sanción de la violencia contra las mujeres, una base de datos estatal que contenga categorías específicas que ayuden a entender la dimensión y características del fenómeno.

“Con el trabajo conjunto de especialistas en género, victimología y derechos humanos, y violencia de género, se llama diseñar e implementar un modelo único de atención integral para las mujeres víctimas de violencia en el estado” puntualizaron.

Manifestaron la urgencia de realizar un programa de profesionalización en materia de derechos humanos de niñas y mujeres víctimas para servidores públicos encargados de la atención y prevención de la violencia con el fin de fortalecer sus capacidades para brindar una atención adecuada.

“Realizar programas de capacitación para la aplicación efectiva de la NOM-046 para el personal médico y de enfermería y otras personas de contacto directo. Es importante contar con manuales de procedimiento y operación, con perspectiva de género e interculturalidad, que aseguren la atención adecuada del personal médico y administrativo con el fin de erradicar otros tipos de violencia como la obstétrica”, expusieron.

Asimismo, las activistas demandaron reformar la normatividad en diversos ordenamientos jurídicos que protegen el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, garantiza la igualdad entre ambos sexos, además de proteger a grupos vulnerables de la discriminación y a la familia.

“Se debe prestar especial atención a las modalidades de violencia contra las mujeres que se presentan en el estado y generar información que permita prevenir y erradicar el embarazo en la niñez y la adolescencia”, enfatizaron. De igual forma, consideraron que los ayuntamientos y el Ejecutivo estatal deben destinar recursos suficientes a los programas y acciones dirigidos a la equidad de género y a prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres.

“Se deben realizar los diagnósticos importantes a nivel estatal para comprender la situación actual del estado. Éstos deben incluir datos de perspectiva de género e interculturalidad. Uno sobre violencia familiar y otro sobre embarazo en la niñez y la adolescencia. El objetivo de éstos es incidir positiva y constructivamente en la elaboración de políticas públicas”, insistieron.

Demandaron la resolución de los casos de feminicidios y homicidios dolosos con perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos, garantizando a víctimas y familiares el acceso a la justicia y reparación integral.

“Se deben revisar las posibilidades de reapertura de los casos reportados con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y garantizar la reparación integral del daño de los casos consignados ante autoridad judicial, así como medidas de re-educación a agresores”, finalizaron.