Y es que según lo expuesto en la recomendación que contiene más de 104 hojas, los abusos como tortura, violación ilegal de la libertad y otros en contra el joven originario de Veracruz están acreditados.
En el documento firmado por la presidenta de ese organismo autónomo, Rosario Piedra Ibarra, se recomienda al titular de la FGE a que se continúe con la investigación del homicidio y el probable abuso sexual cometido en agravio de PV, debiendo practicar todas las diligencias necesarias para determinar la probable responsabilidad penal de las personas servidoras públicas que en el ejercicio de sus funciones, las ejecutaron; así como, de aquellas que las autorizaron y/o toleraron la consumación de dichas conductas delictivas y en su momento.
“Coadyuve con la FGR en la integración de la carpeta de investigación 4, iniciada con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio de PV atribuibles a elementos de la Policía Municipal, a fin de que las víctimas indirectas tengan acceso pleno a la justicia, estableciéndose las medidas necesarias para prestarles atención con calidad y calidez, y se envíen las constancias que acrediten su cumplimiento”, cita el texto.
En el documento se desarrollan otras siete recomendaciones relacionadas con el proceder de funcionarios de la FGE, las cuales deben ser respondidas a la brevedad, además de emplazar a la dependencia estatal a realizar una investigación profunda sobre el estado de averiguaciones previas abiertas relacionadas con hechos de tortura realizadas por agentes policiacos.
Disculpa institucional y reparación del daño
Asimismo, la CNDH emplaza al alcalde de Mérida, Renán Barrera a que ofrezca una disculpa pública institucional a la madre de la víctima y a sus familiares directos con motivo las violaciones graves a derechos humanos cometidas en su agravio consistentes en derecho a la vida, la libertad e integridad personal y seguridad jurídica con motivo de la retención ilegal, y tortura derivada del uso excesivo de la fuerza que motivó la pérdida de la vida de PV del joven veracruzan.
En el documento también se establece que el Ayuntamiento de Mérida, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se otorgue a la madre del José Eduardo, una reparación integral del daño, mediante el pago de una compensación y/o indemnización justa tomando en cuenta la gravedad de los hechos, y se envíen a ese oganismo autónomo; debiéndose enviar las constancias con que se acredite su cumplimiento.
En el texto dirigido al alcalde de Mérida se recomienda que en un término no mayor a 30 días, la madre de la víctima y los demás familiares directos de José Eduardo, que hubiesen sufrido alguna afectación emocional, con motivo de las violaciones a derechos humanos descritas en la presente recomendación, sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
En total son 12 las recomendaciones expuestas por la CNDH al presidente municipal, que pueden ser consultadas el sitio web oficial de organismo autónomo.
