Vecinas de esa subcomisaría meridana afirmaron que en su resistencia, ya han sido reprimidos por la policía estatal, por lo que entregaron un documento a la Oficialía de Partes de Consejería Jurídica, dirigido al gobernador Rolando Zapata Bello, para solicitar su inmediata intervención y establecer una mesa de diálogo para solucionar el conflicto.
“Somos una comunidad maya que queremos solucionar este problema por la paz. Nuestro pueblo es de usos y costumbres y de la noche a la mañana, extraños llegaron y desalojaron a seis familias y eso no es justo”, señaló Leydi Eloina Cocom Valencia, representante de los vecinos afectados.
Dijo que las familias afectadas fueron reubicadas porque solo mostraron un titulo de compra-venta y no tienen título de propiedad de los terrenos en pugna.
El conflicto ya llegó hasta el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pues dentro de los terrenos se encuentra el casco de una ex hacienda henequenera, además de que se quiere cerrar una calle que ha sido utilizada por usos y costumbres desde los abuelos mayas.
"Ya entregamos oficios al Ayuntamiento de Mérida, Desarrollo Urbano, el IVEY y el INAH. Aquí en el Gobierno estatal es la segunda vez que traemos un escrito, pues el primero entregado fue el 20 de marzo pasado y hasta ahora hemos tenido muy poca respuesta", dijo.
Agregó que el próximo miércoles tendrían una respuesta del Ayuntamiento por el límite de los terrenos, pero de no llegar a un acuerdo o respuesta del gobierno estatal, entonces los vecinos cerrarían el periférico como última medida para que atiendan este problema.
"Estos empresarios se quieren apoderar de nuestras tierras donde incluso está proyectada la construcción de una cancha de fut 7 y áreas públicas en beneficio de nosotros y ahora ya están construyendo un muro para marcar su terreno", aseguró una de las afectadas.
Señaló como presuntos dueños de los terrenos a Ivette Olmos, Guzmán Millet (sin precisar su nombre) y Rafael Martínez, pero luego comentaron que estas personas solo son representantes de empresarios, lo que ha aumentado su confusión.
Las afectadas acudieron a Palacio de Gobierno acompañadas por Martha Capetillo Pasos, representante de la organización civil.
