Una vez interpuesta la denuncia, los especialistas de la Fiscalía iniciaron la indagatoria que derivó en la causa penal 68/2023, donde se establece que los hechos ocurrieron el pasado 21 de febrero en un predio ubicado en el citado fraccionamiento, donde la encausada ejerció actos abusivos de poder dirigidos a agredir físicamente al menor, tanto en el interior como en el exterior del domicilio hasta que fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.
Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, el Juez Segundo de Control decretó la legalidad en la detención y a continuación los fiscales de litigación formularon la imputación y presentaron los argumentos para sustentar la solicitud para resolver la situación legal de la imputada, pero ésta se acogió a la ampliación del término para definir su condición jurídica, por lo que el Juez de Control estableció que la audiencia se continúe el próximo primero de marzo.
Por último, esta representación social expuso los argumentos para sustentar la solicitud de medidas cautelares diversas, mismas que fueron concedidas por la autoridad judicial y que incluye la presentación periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, la prohibición para salir del Estado, así como la prohibición para acercarse a la víctima, a su domicilio y centro escolar. Todas estas medidas estarán vigentes por el tiempo que dure el proceso.
