Mediante un comunicado de prensa se informó que a que la ex magistrada Lilia Ochoa del TUA 34 con sede en Mérida, acreditó como propietarios de las tierras donde está asentada la colonia Nicté-Ha a dos particulares, con lo que se perjudica a familias humildes que fomentaron ahí su patrimonio desde hace nueve años, después de haber pagado, primero, al ejido de Kanasín y posteriormente, al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), representante del fideicomiso formado en 2014 por los tres niveles de gobierno para proporcionar certeza jurídica.
Al respecto, la dirigente estatal, Aleida Ramírez Huerta, dijo que es una injusticia en contra de los legítimos posesionarios quienes compraron sus predios de manera legal y que ahora cuentan con una escritura o un contrato de compraventa expedidos por el IVEY, que ahora pretenden desconocer.
“Ahora resulta que después de tener en mano un documento que garantizaba la certeza jurídica, se desconocen y se invalidan las escrituras y contratos de compraventa realizados con los colonos previamente, dejándolos nuevamente en la incertidumbre y desamparo. Acudimos al Tribunal porque fue justamente éste quien echó abajo una asamblea ejidal, y pareciera que va a resolver el problema, pero a las familias asentadas en la colonia los está perjudicando”, señaló Ramírez Huerta.
La comisión fue atendida por con el magistrado José Lenin Rivera Uribe, que, a decir de los inconformes, les corroboró que sí se dictó el veredicto del desconocimiento de la asamblea ejidal, teniendo como propósito el conocer la propiedad a una persona y no a las decenas de familias que ya habitaban esos predios desde hace años.
Al respecto, Ramírez Huerta señaló que “algunas personas y/o organismos ya se ampararon, así como Sofimex quien es el que concluye la regularidad de los predios, ante esto, dado que los colonos ya no pueden hacer ningún trámite o pagar su predial, acudiremos al Gobierno del Estado porque el IVEY es quien al final validó la escrituración y expidió escrituras para la certeza jurídica, sin embargo, ésta no se está respetando”.
La dirigente estatal dijo a los presentes que el próximo miércoles en punto de las 10 horas acudirán al Palacio de Gobierno para solicitar que Asuntos Agrarios, que “tiene la obligación de litigar y defender, lo hagan con el documento que nos dieron en propiedad, se respete la propiedad de las familias, dándole certeza jurídica y sobre todo que se les regularice, porque se les excluye y no se les dota de servicios públicos”.
