Ante esta situación integrantes de diferentes colectivos como el Observatorio Nacional del Femincidio y el Frente por los Derechos de la Mujer y Mamás doctoras A.C. exigieron al gobernador Mauricio Vila Dosal que active los protocolos de contra la violencia laboral que existe en ese nosocomio.
“Este Gobierno se encuentra en desacato ante dicha orden legislativa, lo cual ha permitido que en el Hospital Agustin O'Horán se siga normalizando la violencia académica y laboral”, denunciaron.
Recordaron que el día 21 de marzo del presente año, se evidenció en redes sociales y en medios de comunicación la falta de contención institucional de eventos de violencia y falta de justicia ocurridos en el Hospital General en contra del residente de ortopedia Jorge M.C.
Precisaron que tales actos fueron por dos residentes de mayor jerarquia, Francisco B.P. y Katia P.S.C. en complicidad de los médicos de base Cubedo Liboy y Murillo Villarino, además, con la complacencia de Marco Antonio Cetina Cámara; Director del Hospital Escuela Agustin O'Horán, sin que hasta la presente fecha se haya sancionado a estos servidores públicos.
Detallaron que en los reportes ofrecidos por los medios de comunicación locales, se comprueban los actos de violencia y se observa claramente la arbitrariedad en la carga laboral hacia los residentes de menor jerarquía, se expone la extorsión, el aislamiento, la tortura psicológica, los castigos, las amenazas y la discriminación. Todas estas constituyen conductas reprobables e injustas únicamente atribuibles a personas de la más baja calidad moral.
“Ciudadano gobernador, el derecho a vivir en un entorno libre de violencia forma parte del catálogo de los derechos humanos que deben considerarse integrados al orden nacional, al estar reconocido en diversos tratados internacionales y al derivar de los derechos a la vida, salud e integridad física establecidos en la Constitución General, el trabajo digno no es negociable y debe constituir una prioridad de su gobierno” cita el texto dirigido al mandatario.
Establecieron que como médicas, médicos y profesionales de la salud que han vivido la angustia de la violencia en contra de sus hijas y nuestros hijos, que también hemos sufrido diferentes formas de abuso laboral y/o sexual durante nuestro adiestramiento en la licenciatura y en las residencias médicas, que además hemos sido silenciadas y acosadas por las propias autoridades.
Demandaron cumplir con los protocolos de prevención de la violencia laboral. “La violencia en la formación médica señor Gobernador es tan grave que causa una afectación a la integridad física y psicológica poniendo en riesgo la vida de las víctimas hasta el grado del suicidio”.
