Entre las irregularidades se encuentran la descarga directa de aguas residuales sin permiso y la omisión en la caracterización de lodos, acciones que representan un riesgo para el medio ambiente y la salud pública.
La Profepa informó que, a partir de la clausura, se exigirá a la granja elaborar un estudio de daño ambiental, así como dar seguimiento al proceso de desmantelamiento y adecuado abandono del sitio, con el fin de reparar los daños ocasionados en la zona.
La medida se deriva de denuncias presentadas por comunidades mayas y organizaciones civiles desde 2021, que señalaron afectaciones ambientales por las granjas porcícolas en diversos municipios de Yucatán. En respuesta, la Profepa ha realizado inspecciones en localidades como Muna, Kinchil, Izamal, Tizimín, Santa Elena, Hunucmá, Tekax, entre otras, siendo la empresa Pecuaria Peninsular una de las sancionadas.
“Este caso es fundamental para la Profepa; conocemos la lucha de años de las comunidades, quienes han padecido los impactos a su calidad de vida y a su entorno. Hoy trabajamos con ellos para lograr esta clausura definitiva”, afirmó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.
La dependencia federal reiteró que atender los impactos de las granjas porcícolas en la península es una prioridad y aseguró que continuará trabajando para proteger el medio ambiente, la salud pública y el derecho humano a un entorno sano, mediante una regulación más estricta al sector.
