Integrantes de organizaciones sociales se manifestaron frente a las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), para denunciar que el titular de ese organismo, José Enrique Goff Ailloud, no defiende los derechos de los menores, víctimas de maltrato en escuelas de la entidad.

Activistas pertenecientes a “La Voz de Mujer sin Voz”, Asociación Estatal de Padres de Familia (Aepaf) de Yucatán Ni una Más A.C. y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), clausuraron de manera simbólica las oficinas de la Codhey por la ineficacia e inoperancia de esa institución.

Paula Lira Moguel, presidenta de la Aepaf, aseguró que  debido a omisiones dolosas por parte del ombudsman yucateco, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) provoca incluso enfrentamientos entre los mismos padres de familia.

“La Secretaría de Seguridad Pública acude a las escuelas a tratar de detener a los padres de familia que han interpuesto quejas, entonces ya esto sobrepasó los límites para que los padres puedan ver qué les sucede a quienes tienen la osadía de denunciar qué sucede en las escuelas”, relató.

Aseguró que existe un contubernio entre las mismas instituciones para “someter” a los padres de familia, con el objetivo de lograr captar miles de pesos que los tutores tienen que aportar a los centros escolares como parte de la reforma educativa.

En el lugar se encontraba la abogada litigante, Mirna Cortés Ortiz quien ha llevado el caso de un menor que fue objeto de maltrato en la Escuela Primaria Álvaro Obregón, de Xcanatún del cual se derivó una recomendación por parte de la Codhey que a decir de la litigante fue cumplida a medias.

Reveló que el pasado martes cuando se reintentaba reincorporar al menor a la escuela, luego de un largo camino legal, donde incluso se tuvo que recurrir al amparo, fue objeto de agresiones por parte de padres de familia del lugar provocadas por docentes de la escuela quienes con información dolosa arengaron un hecho que terminó en violencia.

“Lo que ellos hicieron fue una venganza porque su mamá interpuso una queja ante la Codhey y ésta tardó casi tres años para emitir una recomendación, la hizo tibia y al día de hoy pretende darle cumplida la recomendación a la Segey”, explicó.

Por su parte, la activista Adelaida Salas Salazar aseguró que es evidente  un contubernio entre el gobierno estatal y el ombudsman, toda vez que los resolutivos del organismo son aletargados de manera intencional para  favorecer a las autoridades.

“No es posible que tres casos que tienen de niñas donde claramente les ha violado sus derechos humanos ya los den por cerrados, de otros casos que tenemos de mujeres son igual”, finalizó.