Como hemos informado, la pareja proveniente del estado de Quintana Roo, solicitó ayuda a personal de la Policía Estatal Investigadora (PEI) bajo el pretexto de que eran víctimas de un ilícito, por lo que junto con otros dos agentes, Felipe Nery B.M y José Antonio R.B. procedieron al encuentro de ambas personas que los esperaban en una plaza al oriente de Mérida.
En la causa penal 239/2018 en contra de los indiciados se establece que el pasado 13 de noviembre, en el kilómetro 45+500 del Periférico Poniente, de la capital yucateca, alrededor de las 6:33 horas, sin motivo aparente, Ángel pidió a su pareja Nidia que le pasara unas pastillas, sin embargo, sustrajo del bolso de la mujer una pistola que accionó en contra de los dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), adscritos a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS).
Producto de la agresión, el agente Felipe Nery resultó muerto, mientras que su compañero José Antonio fue herido de una mejilla por lo cual fue hospitalizado.
En la carpeta de investigación también se asientan los daños que presenta el vehículo automotor que conducía el ahora fallecido, el cual, de acuerdo a los dictámenes aportados, resultó como pérdida total.
Tal como se señaló en la imputación realizada en la pasada audiencia, los agentes prestaban un servicio a la familia de los indiciados y los trasladaban al edificio principal de la Fiscalía cuando se suscitaron los hechos.
En el desarrollo de la audiencia, la defensa se abstuvo de realizar argumentación alguna a la solicitud de vinculación a proceso presentada por la Fiscalía, por lo que la autoridad judicial valoró los datos expuestos desde la pasada audiencia de formulación de imputación, con lo que se definió la situación jurídica de los indiciados.
Ambos imputados se reservaron su derecho a declarar y nombraron a un nuevo defensor particular, adicional a los tres con los que ya contaban.
A solicitud de la Fiscalía prevaleció la medida cautelar de prisión preventiva por el período de un año, por lo que la pareja permanecerá privada de su libertad.
A fin de realizar la investigación complementaria por este caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó un plazo de investigación de cuatro meses, el cual fue concedido por el juez de Control.
