Un grupo de 300 habitantes de Homún, asesorados por integrantes de Colectivo Indignación, protestó frente al Palacio de Gobierno, con el objetivo de entregar a autoridades del Ejecutivo estatal, los resultados de la consulta realizada el pasado 8 del presente mes, donde ese municipio rechaza la instalación de una granja porcícola de la empresa Kekén.

Durante la movilización de la asociación Ka’ananTs’Onot, una mujer identificada como Cristina Muñoz Menéndez, del Colectivo Indignación daba instrucciones al oído al vocero de esa organización, José Clemente May Echeverría, quien trataba de dar entrevistas a los reporteros que citaron en lugar.

Sin embargo, la atención que el habitante de la comunidad indígena de Homún tuvo con los reporteros terminó por colmar la paciencia de la activista de Indignación quien desde la puerta de la sede del Poder Ejecutivo estatal gritó a una comitiva que ingresó a entregar los resultados de la consulta “primero el pueblo y luego los periodistas”.

Durante la manifestación, los habitantes de esa comunidad maya entregaron un comunicado donde aseguran que el Gobierno del Estado, sin consultar sus derechos, autorizó la construcción de un mega proyecto porcícola en la zona que pretende ser operado por Kekén.

En el documento se establece que ante el atropello de realizar acciones dentro de su territorio sin consultarlos, realizaron una consulta el pasado 8 de octubre donde un total de 789 personas de ese municipio salieron a votar de las cuales 732 expresaron su rechazo a la “mega granja”.

“Hoy acudimos ante el gobernador de Yucatán para exigir que respete la voluntad del pueblo y por tanto exigirle que suspenda de inmediato cualquier autorización otorgada por la instalación y operación de la mega granja porcícola pues el pueblo ha manifestado su rechazo”, expone el comunicado.

Asimismo, en el escrito expresan su preocupación por las afectaciones al medio ambiente y a la contaminación del agua, pues Homún forma parte de la reserva hidrológica denominada Anillo de los Cenotes que prohíbe que se realicen actividades “incompatibles”.

De la misma manera el documento hace alusión al Poder Ejecutivo al señalar que “el gobierno de Yucatán muestra un desprecio al derecho que tenemos como pueblo maya”.

Finalmente, en el comunicado se indica que la exigencia de detener la construcción de la granja busca sentar el precedente en Yucatán de que se debe respetar el derecho que tienen los pueblos mayas de decidir en su territorio.