Este esquema, activado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y que al día de hoy opera en 12 demarcaciones del país, continúa su funcionamiento al recibir reportes, proteger y garantizar la seguridad de este sector de la población. Para ello, cuenta con el respaldo íntegro de los cuerpos policiacos del territorio.
En un comunicado, se informó que desde su entrada en vigor, el 7 de marzo de 2018, el enlace del Protocolo Alba, ubicado en la coordinación estatal del programa Alerta Amber de la Fiscalía, es respaldado por la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), donde se inicia el análisis para el inicio de la búsqueda.
“En nuestra entidad los casos que prevalecen son por extravío o no localización por problemas familiares. Del total de reportes atendidos, sólo se requirió activar el Protocolo Alba en cuatro, pero es un tema prioritario para el fiscal Wilberth Cetina Arjona dar continuidad a la difusión y concientización sobre la importancia de que la ciudadanía participe en los temas de seguridad”, afirmó la enlace responsable de la Ventanilla Única del programa, Carolina Valencia Alayola.
Actualmente, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Morelos, Puebla, Sinaloa, Tabasco y Yucatán cuentan con este plan, por lo que la FGE ha capacitado a instituciones, organizaciones civiles, centros educativos y personal de la dependencia a fin de eliminar obstáculos que resten efectividad a este operativo para encontrar personas.
En ese sentido, la funcionaria hizo un llamado a la población a interponer las denuncias ante las autoridades correspondientes, en este caso ante la Fiscalía. “Es un mito que tienen que pasar 24, 48 o 72 horas para iniciar una búsqueda. En el caso de menores, las primeras horas son vitales para la localización”, subrayó.
Valencia Alayola recordó que para activar el Protocolo Alba se evalúa el grado de vulnerabilidad de la persona que ha sido reportada como no localizada, así se verifica si se trata de una menor de edad o mayor de 60 años, con alguna discapacidad física o intelectual, embarazada o cuando las circunstancias en las que ocurrió la desaparición la pongan en una situación de peligro inminente.
