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Aumentan amparos contra veto a matrimonio igualitario

20 Agosto 2019
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Miembros de la comunidad LGBTTT+, activistas, colectivos y organizaciones de derechos humanos anunciaron que el pasado 5 de agosto se presentaron dos demandas de amparo en contra del Congreso de Yucatán por haber votado de manera secreta la iniciativa sobre matrimonio igualitario discutida el pasado 15 de julio.

Article 19 México; Colectivo para la Protección de Todas las Familias de Yucatán; Foro Amaro; Grupo local de Activismo de Amnistía Internacional en el Estado; Igualdad Sustantiva; Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; It Gets Better México; K-Kaajal LGBT+; y Unasse, entre otras agrupaciones, dieron a conocer una manifestación conjunta en contra de la votación cedular que impidió que se conozca en qué sentido votó cada diputada y diputado.

Tras hacer un recorrido histórico por las victorias y obstáculos de la lucha a favor de los derechos de las personas LGBTTT+ en Yucatán, las agrupaciones señalaron que presentaron dos las demandas de amparo en contra del Congreso Local por haber rechazado la iniciativa de matrimonio igualitario mediante una votación por medio de cédula (es decir, en secreto).

Una de ellas fue firmada por miembros de la comunidad LGBTTT+ y sus familiares, la cual se encuentra en el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Mérida, bajo el número de expediente 1052/2019.

 El segundo amparo fue presentado por organizaciones de derechos humanos, colectivos y activistas que trabajan a favor de los derechos de la comunidad LGBTTT+. Esa demanda será resulta por el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Mérida, bajo el expediente 1058/2019. Informaron que ambas demandas ya fueron admitidas por el Poder Judicial de la Federación.

Recordaron que el pasado 15 de julio, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Yucatán, Enrique Castillo Ruz (PRI), decidió que la iniciativa sobre matrimonio igualitario sería votada por medio de cédula (en secreto), a pesar de que ni la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, ni su Reglamento, le facultan para decidir ese método de votación, especialmente sin la aprobación mayoritaria de las y los demás miembros del Pleno. En caso de resolverse favorablemente los amparos. el Poder Judicial de la Federación podría ordenar que se repita la votación bajo un mecanismo transparente que permita conocer el sentido del voto de cada diputada y diputado.

“La votación secreta para una reforma en materia de derechos humanos es antidemocrática e ilegal, debido a que tenemos derecho a conocer qué decisiones toman cada una de las diputadas y de los diputados”, señalaron. “Es sumamente alarmante que las posturas antiderechos en Yucatán lleguen a dañar el estado de derecho, permitiendo que se cometan ilegalidades, con tal de no reconocer los mismos derechos a todas las formas de familia en la entidad”, externaron.

Las organizaciones, colectivos y activistas anunciaron que las demandas de amparo son la primera de muchas otras acciones legales, culturales y mediáticas que adoptarán en su conjunto como “Frente por los Derechos de las Poblaciones LGBT”.

Asimismo, señalaron que aún se encuentran en espera de que el Juzgado Cuarto de Distrito emita sentencia en el juicio de amparo promovido por Article 19 y el Colectivo para la Protección de Todas las Familias de Yucatán, en el cual demandaron la violación al Pacto Federal cometida por el Congreso de Yucatán al desobedecer la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por último, denunciaron que Yucatán no puede presumir ser una entidad segura cuando la homofobia sigue siendo respaldada por los discursos y las leyes que emiten las instituciones.

“No es seguro un estado en el cual grupos gastan grandes recursos en organizarse para promover información falsa sobre la comunidad LGBT+ y acusarla públicamente de querer destruir a las familias. No es seguro un estado en el que un diputado como Felipe Cervera hace declaraciones intimidatorias en medios contra activistas, sin que a la fecha haya aclarado y pedido disculpas públicas. No es seguro un estado en el que una institución como el Congreso incumple de manera arbitraria la legislación que le rige con tal de negar derechos humanos”, concluyeron.

 


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