Los quejosos abarrotaron el Palacio de Gobierno para exigir ser atendidos por el titular del Ejecutivo estatal para solucionar sus demandas, pues aseguraron que este se comprometió a recibirlos a las 11 horas, aunque la guardia les impidió el acceso.
Ahí acusaron al gobierno de generarles los recortes de entre 500 y 2 mil pesos a sus pensiones y de darles largas para atender el caso.
"Cada quincena nos rebaja para pagar las cuotas del Isstey, ahora nos los quitan, porque nos lo quitan si es un derecho que nosotros tenemos, no nos están regalando el dinero. Esto lo están haciendo ahorita y el día de mañana, se lo van a hacer a la autoridad que está cuidando aquí el palacio de gobierno, por eso estamos luchando para que se nos devuelva el dinero", dijo un trabajador de nombre Francisco.
Otras personas jubiladas aseguraron que la reunión con el gobernador Mauricio Vila Dosal quedó para este martes, luego de que éste se comprometió con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de atender el caso, cuando éstos se lo manifestaron en un evento en el municipio de Temozón.
Sin embargo, ningún trabajador accedió a la sede del Ejecutivo.
Los jubilados también anunciaron que iniciarán un proceso legal contra los recortes, situación que se tornó tensa debido a que manifestaron que varios abogados han solicitado atender el caso solicitando cobros excesivos.
De hecho, uno de estos, de nombre Jonathan Sánchez Mora, les ofreció apoyo, aunque ninguno quiso escucharlo.
"El recorte que les hicieron es ilegal. Se pretendió cambiar a que el incremento fue un bono, sin embargo, no contaron con que los recibos anteriores de pagos decían cuota mensual. Ese pequeño gran detalles es lo que nos da la validez para poder decir que no puede disminuir el salario de un trabajador o jubilado, de forma arbitraria", dijo.
Sin embargo, otro sector de los jubilados aseguró que ya se había ubicado a dos despachos: uno de un litigante de apellido Alzina y otro, de una abogada de nombre Yara Sánchez, quienes ofrecieron estrategias diferentes.
El primero propuso interponer un recurso ante el Tribunal Contencioso y Administrativo, y el segundo, propuso un amparo directo ante el recorte, siendo este el que más interesados captó.
Lo cierto es que los trabajadores reconocieron que tienen hasta el 20 de noviembre para iniciar cualquier proceso legal, a fin de defender su patrimonio, por lo que urgieron a los afectados a sumarse a alguna causa para atender el asunto. (ACOM)
