Mediante un documento enviado por los activistas, se establece que resulta extraño de que diferentes autoridades del Ejecutivo yucateco se hayan manifestado a favor de resolver la problemática de la menor a quien llaman Elvia, quien padece problemas de talla y en su columna, por lo cual está impedida para subir escaleras por prescripción médica.
Cruz Rosel señaló que a pesar de que su madre solicitó a las autoridades que reacomodaran su salón en la planta baja para evitar riesgos a su salud, los directivos de la escuela le obligaron a tomar clases en un segundo piso.
“En la sentencia del Juzgado Cuarto se reconoce que la Escuela Primaria “Rodolfo Menéndez de la Peña” carece de las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad”.
Señaló que como medidas de reparación, se ordenó que la escuela adopte todas las medidas necesarias para que tanto Elvia como cualquier otro alumno con discapacidad puedan tener plena accesibilidad para sus clases.
Al iniciar el juicio, la juez Cuarto ordenó a la escuela ubicar el salón de la niña en una planta baja como medida cautelar en lo que resolvía el fondo del juicio, lo cual fue obedecido por las autoridades.
Sin embargo, al recurrir la sentencia de amparo, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey ) argumenta que la niña siempre estuvo en planta baja, a pesar que en el mismo expediente del caso la juez acreditó que esto no era verdad.
“Por un lado dicen estar preocupados por la situación, pero en vez de acatar la sentencia deciden presentar el recurso, alargando aún más el proceso”, señaló Ángeles Cruz.
“Si bien, la Segey tiene jurídicamente el derecho de presentar el recurso, políticamente demuestra que prioriza cuidar su imagen antes que atender las urgencia de personas con discapacidad”.
Por su parte, Carlos Escoffié Duarte, también del equipo jurídico de Elvia, indicó que la actitud contradictoria de las autoridades confirma que en esta administración el tema de personas con discapacidad es abordado para quedar bien pero no para garantizar sus derechos.
“Históricamente el tema de las personas con discapacidad ha sido visto con un discurso asistencialista y no como un tema de derechos, lo cual se manifiesta cuando la autoridad ve como una opción de caridad el dar recursos o no a este rubro, o el garantizar el acceso de la niñez con discapacidad a sus clases”, finalizó.
