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Presunto asesino de fotógrafo alega tortura, empero lo vinculan a proceso

05 Enero 2018
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Luego de una audiencia que duró más de ocho horas, Alejandro L.G. fue vinculado a proceso por la presunta muerte del fotógrafo Luis G.C ocurrido en un predio del fraccionamiento Jardines del Norte en esta capital, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado en un basurero de la comisaría progreseña de Chelem.

Durante el desarrollo de la audiencia el imputado leyó un escrito donde aseguraba que fue torturado en el patio de la Fiscalía General del Estado (FGE) por elementos ministeriales, quienes lo obligaron a firmar su confesión donde aseguraba que era el asesino de quien fuera su compañero de cuarto.

En el documento presentado ante el juez de control, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, Alejandro aseguró ser inocente y no tener motivo alguno para asesinar a Luis G. por lo que mediante su asesor legal solicitó ser liberado de manera inmediata, pues la confesión le fue arrancada mediante toques eléctricos y golpes.

Sin embargo en la audiencia realizada ante el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial, con sede en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM),  lo vinculó a proceso por su presunta participación en el delito de homicidio calificado ocurrido el 19 de diciembre del año pasado.

 

Según información emitida por la FGE los fiscales aportaron los datos de prueba pertinentes y solicitó el auto de vinculación a proceso para el indiciado, por lo que el Juez de Control, después de analizar los datos presentados, decretó dicho auto y le amplió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso.

Como se indica en la carpeta de investigación de la causa penal 238/2017, los hechos ocurrieron el pasado 19 de diciembre en un predio del citado fraccionamiento, donde el indiciado presuntamente sometió a la víctima y lo lesionó en la cabeza con un objeto contundente, lo que le provocó la muerte debido a un traumatismo craneoencefálico.

Después de ser decretado el auto de vinculación a proceso, el Juez de Control estableció tres meses como plazo de cierre de investigación, tiempo en el que la Fiscalía continuará con la indagatoria del caso para obtener los datos de prueba necesarios que permitan definir la situación legal del indiciado.


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