Las organizaciones JTMX y Elementa DDHH, así como Kalycho Escoffié, activista de derechos humanos, presentaron la solicitud el pasado 11 de julio, buscando que la sociedad pueda ejercer su derecho al escrutinio de las decisiones que pudieran tomarse en caso de que la votación alcance el 40 por ciento de participación.
Como se recordará, a inicios del presente año, el Pleno de la SCJN decidió que no podía someterse a votación la investigación por delitos cometidos por expresidentes, al
ser una obligación de las autoridades. Es por eso que modificó la pregunta de la consulta de la siguiente manera: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Con la preocupación de que el ejercicio cumpla con sus objetivos para las víctimas, las organizaciones pidieron a la Corte se dé claridad sobre cinco puntos relevantes para la implementación de un eventual resultado favorable de la consulta popular:
1.-Cuál es el período que comprende “años pasados”.
2.-Si el concepto de “actores políticos del pasado” abarcar únicamente a autoridades o también a grupos armados al margen de la ley y grupos de delincuencia organizada.
3.- Qué significa que el resultado será un “insumo de consideración vinculante”, concepto usado por la Corte al analizar la materia de la consulta.
4.-Si la pregunta implica la creación de comisiones de la verdad u otro tipo de mecanismos.
5.-Que aclare los términos del concepto de “proceso de esclarecimiento” para dar mayor certeza a las expectativas de las víctimas y de la sociedad. Adriana Muro Polo, de ELEMENTA DDHH señaló que este proceso tenía como principal objetivo garantizar la verdad, la justicia y la reparación por las violaciones a derechos humanos que se han cometido de manera sistemática en el país en las últimas décadas, tal y como han hecho otros países del mundo frente a situaciones análogas.
Por su parte, Jorge Peniche, de JTMX recordó que para atender la violencia e impunidad que enfrenta el país, el Estado Mexicano debe adoptar mecanismos extraordinarios que no se limiten a la atención judicial de cada caso, sino también al esclarecimiento de los orígenes de las violaciones a derechos humanos y las estructuras que las perpetúan.
Confiaron en que la Suprema Corte resolverá esta solicitud de manera pronta para que el proceso sea verdaderamente guiado por la sociedad mexicana, sobre todo por las víctimas.
