Lo anterior en razón de que se detectó que en determinados sitios de internet y de redes sociales virtuales se utilizó de manera indebida una imagen de la legisladora en la que, mediante una edición de montaje fotográfico, se agregó la imagen de su hijo menor de edad, atentando en contra de los derechos humanos de la infancia antes señalados. Dichas imágenes han sido exhibidas, difundidas y producidas en detrimento de su integridad, en una evidente violación al derecho de la protección de la vida privada.
No se tratar de menoscabar o coartar el derecho a la libertad de expresión e información; sin embargo, el interés superior de la niñez y el principio pro-persona prepondera dentro del marco de protección de las leyes mexicanas y tratados internacionales que garantizan velar, proteger y procurar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Las personas con responsabilidades públicas están sujetas a exposición, escrutinio y crítica, incluso sátira, por parte de las demás personas y de los medios de comunicación, pero existe una línea que no se debe cruzar, y es precisamente la de los derechos que protegen la privacidad y la intimidad, especialmente cuando se trata de las infancias.
Cualquier transgresión de esa línea representa un delito federal que debe ser visibilizado y denunciado para aplicar las sanciones penales correspondientes, porque las infancias y adolescencia no deben jamás ser objetos. Son sujetos de derecho y la ley debe estar en su defensa.
