Las personas involucradas eran responsables de analizar posibles riesgos sanitarios en el proceso de elaboración de Normas Oficiales Mexicanas y en sustancias y productos de suma importancia, como plaguicidas.
Como resultado de los trabajos permanentes de inteligencia se encontró evidencia de destrucción de información (discos duros), filtración de proyectos de modificación a normas, e intercambio de correos electrónicos donde se reportaba de manera periódica a una exfuncionaria de alto nivel sobre acciones operativas y e información relacionada a autorizaciones de Cofepris. Cabe destacar que la exfuncionaria de quien se hace mención y fuera directora ejecutiva de
Evidencia de Riesgos en Cofepris, actualmente funge como titular de una empresa gestora de trámites de asuntos relacionados con la salud. Con la separación del cargo de las personas presuntamente implicadas, también se realizaron las denuncias pertinentes ante el Órgano Interno de Control (OIC) para las investigaciones correspondientes por presuntas responsabilidades administrativas.
Será la autoridad jurisdiccional quien determine la acción penal correspondiente con base en evidencias sólidas recabadas por esta autoridad, en colaboración con la Secretaría de Marina. El trabajo del Centro de Inteligencia que empezó a operar el 3 de agosto de 2022 tiene como uno de sus objetivos desmantelar los mecanismos de corrupción que permearon durante más de 20 años y consolidar el orden operativo en la institución.
Como parte de las acciones que ejecuta están la investigación y denuncia de antiguas prácticas en donde predominaban intereses particulares, mal manejo administrativo, discrecionalidad en procesos, y la operación de gestores o coyotes, quienes impactaban en el ingreso, la asignación y la evaluación de trámites.
Para impedir la corrupción en Cofepris, a la par, se implementan nuevas acciones como la comunicación directa y transparente con la industria y sectores productivos a través de la Nueva Estrategia de Vinculación con la Industria Regulada, y la Estrategia Nacional de Buen Gobierno; esta última, en conjunto con la Secretaría de la Función Pública (SFP).
