Éste es un factor que ha contribuido al incremento de homicidios con armas de fuego en nuestro país, que pasaron de tres de cada 10 en 2006, a siete de cada 10 en la actualidad, expuso al participar en el Encuentro Académico sobre Prevención de la Violencia Armada y Delitos Relacionados con Armas de Fuego, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).
“Estados Unidos cuenta con la mayor cantidad de armas en el mundo, tiene más armas que habitantes: más de 300 millones de armas, y la mayor parte se concentra en los estados fronterizos con México: California, Arizona, Nuevo México y principalmente Texas”, expuso.
Ante ello, el gobierno mexicano planteó a la Unión Americana formar un grupo binacional con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), y con la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) para que compartan información encaminada a la toma de decisiones.
“Armas, dinero ilegal, tráfico de personas y drogas utilizan los mismos pasos fronterizos. Estados Unidos pide que apoyemos su política migratoria, y nosotros que apoyen con la política de armas. Es irónico, pero es mucho más sencillo comprar un arma larga que un jarabe para la tos: para adquirir el jarabe se requiere receta médica, y para un arma, nada”, insistió Sales.
Al respecto, Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República (PGR), indicó que el uso de armas de fuego no es exclusivo de la delincuencia organizada, sino también de la delincuencia común.
Aproximadamente dos de cada tres homicidios dolosos en México son cometidos con armas de fuego, “y esa proporción va a la alza. Ésta es la cruda realidad que tenemos que combatir”, remarcó.
Coincidió en que la vecindad con EU y su laxa regulación sobre las armas generan que su tráfico sea uno de los mercados criminales más complejos y prioritarios a perseguir, y uno de los de mayor impacto negativo en los derechos humanos y el estado de derecho.
En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, expuso que se requiere que distintos actores empujen un programa integral de desarme, pues las armas de fuego inciden en la violencia intrafamiliar, en la juventud y la infancia.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, el 42.2 por ciento de víctimas de algún delito a nivel nacional refirió que sus victimarios portaban un arma de fuego. En el caso de la Ciudad de México, fue el 49.1 por ciento, refirió.
“Se necesita prevención social de la violencia, que no sólo implica desarmar, sino ‘desnormalizar’ el uso de armas de manera integral”, recalcó.
En el auditorio Héctor Fix-Zamudio, el embajador de Australia en México, David Engel, expuso que su nación impulsó cambios en la legislación sobre la portación de armas de fuego a partir de 1996, luego de un ataque en Port Arthur, en el que una persona asesinó a 35 e hirió a 18 más.
Australia, prosiguió, estableció controles para la importación de armamento: tramitar un permiso para su adquisición, que tiene un periodo de espera de 28 días, además de crear un sistema nacional de registro de armas de fuego. También implementó un programa de recompra, financiado por un gravamen que pagaron todos los contribuyentes, y mediante el cual la población entregó cerca de 642 mil armas.
Magda Coss, directora de la asociación civil 24-0 México, expuso que es necesario impulsar el debate del control de armas en la agenda pública para contribuir a la pacificación del país. “Es un tema que nos compete a todos y cruza aristas como la migración, la infancia, los derechos humanos, la violencia doméstica. Tenemos que mitigar la presencia de armas en las calles y en la sociedad para vivir en paz”.
Al inaugurar el encuentro, el director del IIJ, Pedro Salazar, señaló que este tema, junto con la pacificación y los derechos humanos, son centrales para esta entidad académica y para la agenda del país.
