La prevención de estos embarazos debe ser una prioridad no sólo porque el nuestro es el país de América Latina con más casos y porque es un indicador de desarrollo, sino porque es un importante problema de salud pública al estar relacionado, desde el punto de vista clínico, con la mortalidad materna por preeclampsia, diabetes gestacional, hemorragias uterinas, desnutrición, inmadurez y bajo peso de los bebés, señaló Mario Tapia, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM.
Además, las jóvenes no están preparadas emocionalmente para hacer frente a la maternidad y pueden ser víctimas de violencia psicológica o física por parte de la pareja o la familia.
El año pasado, la tasa fue de 77 adolescentes embarazadas por cada mil jóvenes de 15 a 19 años, y la edad de inicio de las relaciones sexuales, en el 23 por ciento de este segmento, fue entre los 12 y 17 años.
De acuerdo con estadísticas de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en México ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años; y 15 por ciento de los hombres y 33 por ciento de las mujeres no utilizaron métodos anticonceptivo en su primera relación sexual.
Mario Tapia subrayó que es necesario que el Estado mexicano tome en cuenta variables de riesgo de tipo individual, social y familiar, involucradas en este problema.
En las variables individuales, están la exposición a la actividad sexual desde edades tempranas, la percepción de invulnerabilidad, bajas aspiraciones educativas o de vida, conductas impulsivas, carencia de compromisos y uso de drogas, en algunos casos.
En el ámbito familiar, dijo, hay factores como la violencia, que genera que las jóvenes establezcan redes sociales de apoyo que fomentan relaciones sexuales de manera precoz; la poca accesibilidad de los padres para que reciban educación sexual; el abandono de alguno de ellos y vivir en pobreza.
En la cuestión social, está la orientación explícita de los medios de comunicación sobre conductas sexuales precoces, con pobre información sobre la salud reproductiva.
“Si bien el Estado no puede resolver todo, las instituciones de salud, así como las de tipo social y cultural, deben involucrarse más en la investigación de estos componentes”, subrayó Tapia, cuyo trabajo se enfoca al estudio médico integral de la familia y epidemiología clínica.
Se requiere educación para ejercer una sexualidad responsable y el abordaje con la familia, que es el vínculo principal para la socialización y para contar con mecanismos de afecto, apoyo social y comunicación, resaltó.
La educación sexual no es exclusiva de la escuela y los centros de salud, debe empezar en el entorno familiar. “La familia debe proteger a sus miembros, transmitir la cultura del conocimiento y, sobre todo, la socialización. Es ahí donde estamos fallando”, insistió el académico.
Por otra parte, los jóvenes son quienes menos usan los servicios de salud, así que se requiere hacer “clínica extramuros” o comunitaria, y buscar mecanismos que favorezcan la modificación de sus conductas.
“Una cosa es que mediante folletos, videos o conferencias se informe qué son los órganos sexuales, las características sexuales del hombre y la mujer, cómo se desarrollan, y otra involucrarse en el contexto familiar para saber de la importancia de una vida sexual y reproductiva responsable y saludable. En ese sentido se ejercería una mayor influencia y una mejor utilización de los servicios de salud”, concluyó Tapia.
