Al conmemorarse este domingo 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas -decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994-, Patricia Rea Ángeles, investigadora de las Cátedras Conacyt, en el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, destacó su papel estratégico en la protección del 80 por ciento de la biodiversidad en el mundo.
Además, favorecen la riqueza natural con sus prácticas, conocimientos y saberes sobre el cuidado y respeto de la naturaleza, los territorios y el medio ambiente; también, contribuyen a mitigar los efectos del calentamiento global.
Tras recordar que México es uno de los seis países megadiversos, al albergar cerca de 227 mil especies de animales (mamíferos, aves, reptiles y anfibios), plantas vasculares y hongos (Conabio, 2020), subrayó que, con su experiencia, estos grupos originarios contribuyen a la conservación de la soberanía alimentaria.
En México, ejemplificó en entrevista, tenemos 64 razas de maíz, y son esos pueblos los encargados de su reproducción, distribución y conservación. Lo mismo pasa con muchos otros cultivos.
No obstante, constituyen 15 por ciento de los pobres del mundo, lo que equivale a unos 370 millones de personas (ONU, 2010). Asimismo, enfrentan marginación, racismo, discriminación, violencia de género, falta de servicios y otras situaciones que vulneran sus derechos humanos y como comunidades, dijo.
Imprescindibles en el desarrollo de las sociedades
Rea Ángeles también destacó la riqueza cultural que representan. En todo el mundo hay cerca de cinco mil pueblos originarios, conformados por alrededor de 500 millones de personas que hablan siete mil lenguas, que representan 96 por ciento de las que se utilizan en el planeta. No obstante, este patrimonio de la humanidad podría desaparecer en los próximos 100 años (ONU, 2010).
En México habitan cerca de 12 millones de indígenas, pertenecientes a 68 grupos étnicos, con 68 lenguas y 364 variantes dialectales, expuso la integrante del proyecto “Envejecimiento activo y ciudadanía; mecanismos gubernamentales para la inclusión social de las personas adultas mayores en México”; y del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, que coordina Verónica Montes de Oca, investigadora del IIS.
Subrayó que también hay representantes de los pueblos indígenas en empresas desarrolladoras de software, tecnologías de la información y la comunicación; organismos internacionales; instituciones gubernamentales; universidades y academia, entre otros ámbitos, donde aportan sus conocimientos al desarrollo de las sociedades.
El Estado debe ser, aseveró, el principal garante de los derechos humanos, constitucionales, económicos, sociales y ambientales de estos grupos, además de fomentar una cultura de respeto e inclusión y destacar sus contribuciones a las sociedades.
“Al resto nos corresponde respetar la diversidad cultural y étnica, y verla como una riqueza y fortaleza. Por siglos se les ha considerado pobres, atrasados, sin educación, y se generaron estereotipos que alentaron la discriminación y el racismo, pero esto se puede revertir para tener un país más justo, igualitario y equitativo”.
Marginación, pobreza y racismo
La experta en pueblos indígenas, vejez, políticas públicas y ciudadanía resaltó que, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México el porcentaje de esta población en situación de pobreza era de 69.5 por ciento en 2018, en contraste con 39 por ciento de la no indígena en la misma condición.
“Es clara la vulneración de sus derechos humanos como la alimentación, salud, vivienda, educación y cuidados. Hay pocas escuelas y el sistema educativo no contempla la interculturalidad; difícilmente se imparte instrucción en sus lenguas o con sus conocimientos propios. En nuestro país no existe un sistema de cuidados con perspectiva intercultural y de género que proteja a los adultos mayores indígenas, dejando esa responsabilidad a comunidades y familias, especialmente a las mujeres”.
Otro ejemplo es la poca o nula atención a la salud. Con la pandemia se ha visibilizado la brecha de atención: en territorios indígenas no hay hospitales, clínicas, personal o un modelo intercultural que atienda la emergencia sanitaria, acotó la doctora en antropología.
“Muchas regiones carecen de caminos o carreteras en buen estado, que permitan llegar rápidamente al hospital o clínica más cercano. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (2020), el riesgo de fallecer por este motivo entre la población indígena es 70 por ciento mayor con respecto a la no indígena.
“Resisten por sus sistemas normativos internos. Son las comunidades y los gobiernos municipales los que actúan con mayor responsabilidad; por ejemplo, en la región mixteca hay una alta migración, y muchos oaxaqueños que estaban en Estados Unidos regresaron a sus pueblos, por lo que comenzó a incrementarse el número de casos de Covid-19”.
Entonces, las autoridades comunitarias decidieron, en conjunto con las municipales, cerrar las entradas y pedir la prueba negativa para SARS-CoV-2. Si no se hubiera actuado de esa manera los estragos serían catastróficos, abundó la especialista.
Se están organizando y generan sus propias estrategias de supervivencia. Se sabe que la gente regresa a trabajar al campo y podría haber un resurgimiento masivo de las actividades agrícolas; es responsabilidad de los gobiernos estatales y federal garantizar que cuenten con los recursos necesarios para salir adelante, concluyó. (Boletín de la UNAM)
