“La Función Pública hace honor a su nombre, estamos acabando con la impunidad en el indolente manejo de recursos públicos durante el régimen neoliberal. Asumimos nuestra responsabilidad como garantes de que el erario verdaderamente se destine a brindar resultados a la población”, afirmó la titular de la SFP federal, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
En un comunicado, detalló que el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Cultura determinó que los ex servidores públicos sancionados incumplieron con sus responsabilidades al autorizar donativos por más de 59 millones de pesos a una asociación civil para la realización del proyecto “Museo de Museos”, en el Antiguo Palacio del Marqués del Apartado, sin tener la autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para desarrollar trabajos en el inmueble, tal como lo disponen, por su calidad arquitectónica e histórica, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y la Ley General de Bienes Nacionales.
La entrega de estos donativos, uno por 50 millones de pesos, en marzo de 2017, y otro por 9 millones 313 mil 461 pesos, en julio de 2018, sin considerar las normas aplicables, causó un daño al erario debido a que no se concretó la realización del museo como resultado de un deficiente ejercicio de funciones de los responsables.
Por tales irregularidades, el OIC resolvió sancionar con inhabilitación por 10 años y multa resarcitoria de 19 millones 771 mil 154 pesos a cada una de las personas ex servidoras públicas de esa dependencia que tuvieron responsabilidad: su ex titular, el ex oficial mayor y la ex directora General de Administración.
El procedimiento sancionatorio inició luego de que, en una reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional (Cocodi) en noviembre de 2018, el OIC se percató de posibles irregularidades en el otorgamiento de los donativos.
Desde el inicio de esta administración, el OIC se abocó a la investigación, para la cual también practicó una auditoría, brindando siempre a los involucrados todas las garantías para su defensa, y resolviendo que no cumplieron con las responsabilidades inherentes a su encargo, lo que es sancionado por el Artículo 8, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos.
La ex titular de Cultura es la segunda secretaria de Estado de la administración pasada en ser sancionada por la actual Función Pública. La primera fue la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien fue inhabilitada en septiembre de 2019 por un periodo de 10 años por falta de veracidad en su declaración patrimonial.
“A diferencia de otros tiempos, cuando los funcionarios no tenían que rendir cuentas por el ejercicio de sus funciones, nosotros no permitimos que queden impunes los abusos del servicio público, nos esforzamos por sancionar la corrupción en los niveles más altos y barrerla de arriba hacia abajo”, advirtió la secretaria Sandoval Ballesteros.
